Comisión aprueba impedir a condenados por delitos sexuales contra menores rebajar penas por conducta
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, este lunes, por unanimidad el proyecto de ley propuesto por el gobierno que buscar privar de beneficios por buena conducta a las personas que hayan sido condenados, y estén cumpliendo pena de cárcel, por delitos de carácter sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Los once diputados y diputadas presente en la instancia aprobaron la iniciativa que excluye de los beneficios de reinserción social a los condenados que cumplan con buena conducta y que, eventualmente por este motivo, pueden acceder, por ejemplo, a la libertad condicional.
“Lo que hace este proyecto es excluir a todos quienes siendo condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes la posibilidad de acceder a la rebaja de condena, en los mismos términos que hoy día se establecen a las personas que tienen condenas por delitos que tienen asignada la pena de presidio perpetuo”, explicó en su exposición el ministro de Justicia Hernán Larraín.
Los delitos por los que el gobierno considera que no se podría acceder a los beneficios son los de trato cruel, inhumano o degradante con violación o abuso sexual agravado, violación, violación de persona menor de 14 años, estupro, abuso sexual agravado, abuso sexual de persona menor de 14 años, y trata calificada de personas, en relación a la explotación sexual.
Especialistas manifestaron su preocupación por la no consideración de los delitos de homicidio, parricidio y robo con intimidación contra menores, al igual que la diputada Pamela Jiles, quien pese a que aprobó la normativa manifestó su preocupación porque el proyecto no incluye otros delitos como el acoso sexual por internet y producción y distribución de material pornográfico, entre otros.
El presidente de la comisión, el DC Matías Walker también enfatizó por la ausencia de algunos delitos en este proyecto y anunció además que intentarán agregarle una indicación al proyecto para que incluya a los condenados por delitos de lesa humanidad.