La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar, este lunes, el proyecto presentando por parlamentarios y parlamentarias de la oposición que busca concederle un indulto general, por razones humanitarias, a las personas que están presas y se les acusa de haber cometido delitos relacionados con el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
La normativa fue aprobada en la comisión con tres votos a favor y dos en contra, aunque ahora deberá ser revisada por la Comisión de Constitución, antes de que pueda ser votada en general en la sala del Senado.
La normativa firmada por las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste, Adriana Muñoz y los senadores Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro busca conceder indulto a todos quienes estén imputados por hechos delictivos, relacionados con la protesta social, y que actualmente estén en calidad de autores, cómplices o encubridores de distintas infracciones.
En el proyecto los parlamentarios aseguran que los eventuales hechos delictivitos sucedieron en un “marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos” y que la mayoría de los imputados son “jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos”.
“El presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de Derechos Humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social, iniciado en octubre de 2019”, dice el proyecto.
“Los hechos imputados a los y las beneficiarias por el presente proyecto de ley, acaecieron en un contexto excepcional desde el retorno a la democracia, que se caracterizó por violaciones graves y masivas a los Derechos Humanos por parte de fuerzas policiales y militares, por lo que algunas de sus conductas pueden encuadrarse dentro de conceptos tales como el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, así como el derecho a la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves del Estado y sus funcionarios contra la población civil”, añade.
La normativa ha sido cuestionada desde un inicio por el oficialismo, y también por algunos sectores de la oposición. Incluso los mismo autores del proyecto se han mostrado abiertos a realizarle modificaciones a la normativa para que pueda seguir su trámite legislativo.
