Un plazo de 30 días tendrá ex frentista Raúl Escobar Poblete, también conocido como el "comandante Emilio", para apelar a la resolución emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, que aprobó su extradición a Chile, para ser juzgado por su presunta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, en abril de 1991.
Este fue uno de los datos que entregó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, al realizar una vocería para referirse a la decisión emitida en los últimos días de mandato de Enrique Peña Nieto.
Ampuero afirmó que sentían satisfacción por este hecho: "la justicia tarde, pero llega", comentó.
Eso sí, el canciller precisó que la extradición del ex frentista no sería permanente: "En este caso el señor Escobar Poblete tendría una extradición temporal hacia Chile porque, insisto, él tiene causas pendientes en México por secuestros de gran crueldad".
De paso, Ampuero, quien no entregó una fecha para la extradición, felicitó a México por la decisión y aseguró que esto da cuenta "del compromiso de México en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el respeto a la justicia y la colaboración entre los estados".
La extradición temporal es una figura que el gobierno mexicano contempla en sus tratados. En ella se señala la posibilidad de entregar temporalmente a una persona que haya recibido una sentencia condenatoria o se encuentre sometida a proceso penal, para que pueda ser juzgada en el país solicitante.
Para conceder esta medida, México exige que la parte requirente justifique la necesidad de entregar a la persona, que la duración del proceso no se extienda indefinidamente y el compromiso de devolver a la persona solicitada una vez concluido el proceso.
Escobar Poblete había sido detenido en México en junio del año pasado en momentos en que tenía una orden de detención pendiente por infracción a la Ley Antiterrorista, causa N°39.800 de fecha 28 de septiembre de 1993, de la Corte de Apelaciones de Santiago, además de una serie de otros requerimientos por robo con fuerza, asociación ilícita, robo con intimidación y homicidio. Cabe recordar, que además se le sindica de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards en 1991.
Asimismo, a "Emilio" se le acusa de haber participado en secuestros de personas en la ciudad mexicana de San Miguel de Allende, siendo justamente el rapto de una mujer extranjera en suelo centroamericano el que derivó en su detención por la policía de ese país.
En la declaración, la cancillería de México señala que La Moneda "proporcionó las garantías suficientes" de que no se le aplicará la pena de muerte, ni tampoco le será aplicada "la prisión vitalicia". Una vez que el acuerdo quede firmado, procederá la entrega de "Emilio" a las autoridades chilenas.
