Los diputados Felipe Ward (UDI), Issa Kort (UDI) y Paulina Núñez (RN) llegaron este lunes hasta el Centro de Justicia para interponer una querella contra quienes resulten responsables de las cuestionadas contrataciones en Codelco, detectadas por una auditoría interna realizada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
La investigación contra la cuprífera estatal apuntó a contratos administrativos de bienes y prestación de servicios, realizados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, y que derivó en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados apoyada de manera transversal.
En esa línea, la acción judicial de los diputados de Chile Vamos –encabezada por el abogado Eduardo Riquelme, también coordinador del bloque– apunta a los presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y fraude al fisco.
“Creemos que hay antecedentes fehacientes de la Contraloría que dan pie a la estimación de que aquí hay delitos, sobre la base de servicios que no fueros prestados y sobre la base de parentescos que favorecieron contratos por miles de millones de pesos. Todo el país lo que espera es que se llegue hasta el fondo de la verdad y se hagan efectivas las responsabilidades”, afirmó Riquelme.
El diputado Ward explicó que los contratos revisados en esta auditoría corresponden a “menos del 1%” de los existentes, escogidos de manera aleatoria, y que por lo mismo “hay mucho paño que cortar, mucho contrato que investigar”. “La Contraloría tiene facultades de fiscalización, pero bastante acotadas y todas las acciones que se presentan son con el objetivo de evitar que ocurra en el futuro y que se responsabilice a las personas que han cometido estos delitos”, dijo.
“Esperamos que esto marque un antes y un después en la forma en cómo Codelco realiza sus contrataciones, donde hay una conducta con un trato preferente a los parientes, donde se saltan las licitaciones públicas, donde se saltan la ley, donde creen que son una república independiente”, agregó.
La diputada Núñez, en tanto, no descartó que “nuevos casos pueden aparecer y que nos están llegando, sirvan el día de mañana para ampliar esta querella”. “No nos vamos a detener por eventuales presiones que puedan ir desde eventuales paros en la compañía hasta llamados telefónicos de personas involucradas. Al Ministerio Público le corresponde hacerlo y hay que entender que el único interés público es el de la cuprífera que es de todos los chilenos”, agregó.
La auditoría interna a la cuprífera estatal cuestionó contratos con un grupo de empresas, y Hatch Ingenieros, Schwager Services SA, Schwager Services SA y Consultores Limitada, que no habrían prestado los servicios acordados, por contratación directa irregular y relaciones de parentesco entre sus ejecutivos.
Por lo mismo, los diputados pidieron una orden de investigar para la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que se oficien a Cochilco y que remitan las auditorías realizadas a Codelco desde 2013, y también a la Contraloría, para conocer los funcionarios que realizaron la fiscalización para ser citados como testigos.
Finalmente, los querellantes pidieron que si “alguien tiene información, que la entregue con total libertad y tranquilidad”, y que no buscan “meter preso a nadie”, sino que terminar con este tipo de prácticas. En esa línea, Ward invitó a todos a participar de la comisión investigadora, no descartando invitar también al ex contralor Ramiro Mendoza, así como a los directivos de Cochilco y a la ministra de Minería, Aurora Williams.
