A través de un comunicado divulgado esta tarde, la Cancillería chilena respondió a su par de Venezuela, que había acusado un "inadmisible injerencismo" a raíz de las gestiones de Santiago en favor del periodista Braulio Jatar, detenido hace más de una semana en ese país.
En el texto, el gobierno chileno "rechaza categóricamente el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela (...) que ataca la decisión de Chile de velar por los derechos del connacional Braulio Jatar, y que, además, anticipa juicios en relación a las imputaciones formuladas contra el Sr. Jatar, las que, en un sistema democrático de derecho, sólo pueden ser dirimidas en el marco de un proceso llevado a cabo ante tribunales competentes, independientes e imparciales, debiendo garantizarse al imputado la presunción de inocencia".
En paralelo, Chile sostiene que "el Sr. Jatar hace más de una semana no ha tenido la posibilidad de contactarse con su abogado, lo que constituye una vulneración adicional a las normas del debido proceso".
"El Gobierno de Chile no acepta la aseveración que la preocupación manifestada por la situación de los derechos humanos del Sr. Jatar constituye un supuesto "inadmisible injerencismo" en los asuntos internos de Venezuela. Hoy está suficientemente establecido que la promoción y defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, es un asunto de legítima preocupación internacional y, de hecho, constituye una conquista de la comunidad internacional", agregó Santiago.
En ese contexto, el gobierno asegura que "Chile persistirá en su exigencia al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que dé cumplimiento a las garantías aplicables a la detención de toda persona, a las cuales el Gobierno de ese país se encuentra obligado en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos".
En el comunicado, la Cancillería chilena no se refirió a las críticas que Venezuela lanzó directamente contra el ministro Heraldo Muñoz. "El Canciller Heraldo Muñoz, en su inamistoso accionar hacia el gobierno venezolano y desconociendo el sistema constitucional y legal de nuestro país, obedece a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista y la élite internacional, aliada a la derecha golpista venezolana, y contraria a los intereses de los pueblos de la Patria Grande", había dicho Caracas un par de horas antes.
