"Con eso se termina la independencia del poder judicial". Así de categórico fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al referirse a la posible presentación de una acusación constitucional contra los jueces de la segunda sala penal de la Corte Suprema, quienes aprobaron la libertad condicional para un grupo de siete internos de Punta Peuco, condenados por causas de lesa humanidad.
Esto luego que el jueves las bancadas de los partidos de la oposición y el Frente Amplio definieran realizar el libelo acusatorio, el que se presentará dentro de los próximos 10 días.
"De presentarse una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema, nos parece un hecho muy grave de la perspectiva institucional y democrática del país. Los ministros de la Corte Suprema, como dice la constitución en forma expresa, sólo pueden ser acusador por notable abandono de sus deberes, pero no pueden ser acusados por el contenido de sus resoluciones judiciales", agregó Chadwick.
El jefe de gabinete enfatizó que "las sentencias judiciales se respetan y se acatan, y no existe ninguna autoridad, tampoco el congreso, que tenga la facultad de entrar a revisar, nos gusten o no nos gusten, a revisar o acusar en virtud del contenido de un fallo".
Y es que para el ministro, "esto es tan grave que dejaría que una mayoria parlamentaria, una simple mayoria parlamentaria, pudiese acusar y destituir a nuestros jueces de la corte suprema porque a esa mayoría no le gustó un fallo. Con eso se termina la independencia del poder judicial".
Es por ello que el titular de Interior hizo un llamado a los partidos que respaldan la ofensiva: "Nosotros como gobierno esperamos que aquellos que han estado viendo impulsar una iniciativa tan grave como esta, puedan reflexionar sobre el daño institucional que puede causar cuando un grupo de parlamentarios quiere transformarse en jueces".
La declaración de Chadwick se suma a la entregada esta jornada por el pleno de la Corte Suprema, quienes aseguraron que con esto se pone en riesgo la "autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho".
