Este miércoles el jefe de bancada DC, Ricardo Rincón, y el diputado Gabriel Silber ingresaron un oficio a Contraloría para que se inicie un “juicio de cuentas” que determine el monto del daño al patrimonio fiscal generado por el fallido Censo 2012.
Esto, luego de que fuera la propia Contraloría, a través de un informe en respuesta a lo solicitado por la bancada DC, la que concluyera la ilegalidad del Censo 2012, señalando que no se ajustó a lo previsto en la Ley 17.374.
Según el informe del INE, publicado el pasado 17 de junio en la página web de la Contraloría, la medición realizada por el gobierno de Sebastián Piñera "se apartó de las recomendaciones internacionales que el primer precepto impone considerar, en cuanto a la realización de pruebas piloto; la necesidad de una cuidadosa planificación del proceso; de contar con personal calificado suficiente, y de proporcionar al mismo la capacitación necesaria". De hecho, según consta en el informe, un cuarto de los funcionarios no recibió la debida capacitación.
Al respecto, Rincón recordó que “en el informe se determinó que el cambio de metodología con la cual se trabajó en todo el proceso se apartó de las recomendaciones internacionales que la ley impone considerar en cuanto a la realización de pruebas piloto, entre ellas, necesidad cuidadosa de planificación y contar con el personal calificado suficiente, no se dio cumplimiento a la normativa en cuanto a que el día en que debía realizarse el levantamiento de información del censo debió tener carácter de feriado”.
En tanto, Gabriel Silber recalcó que “estamos hablando de cerca de 14 mil millones de pesos; una cifra importante por lo que hemos ingresado un oficio a Contraloría para que se inicie el juicio de cuentas para que quienes hayan participado de la toma de decisiones en el cambio de la modalidad censal, respondan con su propio patrimonio y asuman el reintegro de las millonarias pérdidas que generó el “mejor Censo de la historia” que terminó siendo absolutamente ilegal”.
Rincón, agregó que “es fundamental que se lleve a cabo este “juicio de cuentas”, porque es necesario determinar las responsabilidades civiles de las autoridades de la época, que administrando fondos públicos causaron una millonaria pérdida al patrimonio fiscal de todo los chilenos, por la negligencia en sus acciones y omisiones, que actualmente impiden llevar adelante políticas públicas”.
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