Pablo Cádiz y Pablo Honorato
Un nuevo flanco suma el senador de la UDI Jaime Orpis. Esto luego que hoy el Consejo de Defensa del Estado se querellara en su contra por presunto cohecho y malversación de caudales públicos, en el marco del caso Corpesca.
La acción judicial fue interpuesta por el CDE ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago e incluye al ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por el delito de soborno, y contra todos quienes resulten responsables de los delitos antes mencionados.
En la querella se señala que "la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, ha logrado determinar que al menos durante los años 2009 al 2013 el senador Jaime Orpis tomó contacto con Francisco Mujica (...) quien pagó al mencionado senador, mediante el uso de boletas ideológicamente falsas por servicios inexistentes (...) una suma total determinada a la fecha de $94.737.900", los que figuran como "servicios de ingeniería".
Más adelante, se cita otro grupo de boletas por diversos servicios "sin labores efectivamente prestadas", que suman un total de $122.431.600.
"En total el querellado Orpis entregó, a lo menos 76 boletas emitidas por terceros para justificar las transferencias por más de 217 millones de pesos a título de servicios inexistentes", agrega el texto al que accedió T13..
"Abogó abiertamente por los intereses de las grandes pesqueras"
Según el CDE las "maniobras" antes descritas "tuvieron como único fin justificar la transferencia de fondos que, en definitiva, fueron en beneficio del honorable senador Orpis para que este favoreciera los intereses de Corpesca, en la tramitación de la denominada Ley de Pesca o Ley Longueira".
El CDE sostiene que los pagos se habrían realizado "a fin de concretar, asegurar, proteger y beneficiar los intereses particulares en la tramitación de la mencionada ley, concurriendo con su voto y gestión a la aprobación de la misma, sin declarar que, a la época de su tramitación y votación, recibía periódicamente ingentes sumas de dinero de la empresa Corpesca".
En este contexto, se cita la sesión del 17 de octubre de 2012, donde -sostiene el Consejo- Orpis "abogó abiertamente por los intereses de las grandes pesqueras en orden a extender el plazo de las licencias hasta 20 años, propuesta que finalmente fue aprobada".
En esa ocasión el senador planteó que "el sector pesquero provee más de 120 mil empleos directos" y que "lo que necesita el sector pesquero es certeza jurídica, visión de largo plazo". Junto con esto Orpis apuntó a que "la sustentabilidad y la estabilidad no son contradictorias con el dinamismo y el acceso requerido por el sector pesquero".
Acto seguido, el parlamentario UDI rechazó las indicaciones que apuntaban a limitar de 20 a 15 años las licencias.
Por otro lado, se sostiene que "el imputado senador Orpis no sólo desarrolló acciones en favor de la empresa referida en la tramitación de la leyes del sector, sino en gestiones relacionadas ante la Contraloría General de la República".
Malversación de fondos públicos a través de "abultar" honorarios de asesores
En cuanto a la malversación de caudales públicos, el Consejo de Defensa del Estado acusa a Orpis de utilizar "fondos que le eran entregados para efectos de contratar personal asesor a su cargo, apropiándose indebidamente mediante dos modalidades de los honorarios que pagaba a sus asesores y personal contratado".
En este sentido, el CDE lo acusa de "abultar" los montos de honorarios de asesores para "apropiarse de parte de esos dineros los cuales le eran transferidos". En este caso se citan los pagos a Bárbara Molina Ellies y Carolina Gazitúa.
La segunda modalidad apunta a la "simulación" de contratos de asesoría con la arquitecto Lorena Lara, ex nuera de Viviana Quiroz, jefa de gabinete de Orpis. Lara declaró que nunca trabajó para el senador.
La querella del CDE se conoce a sólo días que la fiscalía solicitara el desafuero del parlamentario. El Ministerio Público pide que el senador pierda el fuero y pueda ser juzgado por los $264 millones entregados por Corpesca, entre 2009 y 2013, a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores y personas ligadas a su equipo.
La fiscalía sostiene que hay más que delitos tributarios, puesto que los montos se habrían entregado "a cambio de favorecer los intereses" de la empresa a través de su labor parlamentaria. Al igual que el CDE, el informe del Ministerio Público cita una serie de acciones y votaciones, donde el senador actúa de acuerdo a las "pretensiones" de la empresa y plantea opiniones de la firma como si fueran "personales" en el marco de la tramitación de la ley de pesca.
Por otro lado, la fiscalía acusa fraude al Fisco debido a que el senador habría utilizado un procedimiento para obtener, a través de la emisión de servicios "inexistentes" por parte de asesores, dineros del Congreso destinados a asesorías para beneficio personal.
Dicha solicitud de desafuero fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones, que dio plazo hasta el viernes para que la fiscalía y los querellantes planteen sus posturas en cuanto a si debe ser el tribunal de alzada de Santiago o el de Valparaíso el que se pronuncie sobre el caso.
