Ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago se presentó el viernes pasado una querella contra la diputada de la UDI, Claudia Nogueira.
El libelo -al que accedió T13.cl- fue presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en él se acusa a Nogueira de sustraer dineros del erario fiscal para pagar asesorías que nunca se realizaron por una suma de $4,2 millones.
La parlamentaria figura en el escrito como autora del ilícito contemplado en el artículo 239 del Código Penal y también se incluye a la ex asesora de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, quien se autodenunció en la Fiscalía Oriente y todos quienes resulten responsables.
Nogueira consintió en que se sustrajeran fondos fiscales que le eran entregados para efectos de contratar personal
Fue en septiembre de 2016 cuando Zúñiga asumió haber extendido boletas por servicios "no prestados" en 2014 a la Cámara de Diputados por concepto de asesoría externa a la diputada Claudia Nogueira.
Zúñiga denunciaba que los montos que recibió fueron traspasados a su ex socio en la empresa de comunicaciones Connectiva y ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo. "Él me señaló que esa plata yo la tenía que sacar a través del cajero, la hacía efectivo, la colocaba en un sobre, ponía el monto exacto y se la entregaba en sus manos, siempre en la oficina de Connectiva", dijo a La Tercera en su momento. Cornejo es además esposo de la parlamentaria.
En la autodenuncia que forma parte de los antecedentes, Zúñiga narró a los fiscales que Cornejo le explicó que las boletas eran necesarias para pagar a un grupo de 4 mujeres que ejecutaron trabajos en terreno para la candidatura de Nogueira. Esto pese a que debido a su vínculo conyugal con Cornejo, Connectiva no realizaba cobros a la parlamentaria.
La querella da cuenta de tres boletas que fueron emitidas para el pago de servicios "que nunca se prestaron" y fueron cobrados por Lily Zúñiga para luego entregárselos a Cornejo "en dinero efectivo en sobre blanco cerrado".
En ese sentido, el CDE acusa a la parlamentaria de que "en el ejercicio de su cargo como diputada de la República, consintió en que se sustrajeran fondos fiscales que le eran entregados para efectos de contratar personal asesor a su cargo".
En el liberlo se insiste en que los servicios nunca fueron prestados y que "la operación que permite el desembolso del erario fiscal requiere la solicitud y participación directa del funcionario público (Nogueira), quien en definitiva decide cuánto y a quién se le debe pagar por los servicios prestados. La utilización de testaferros mendaces que facilitan boletas falsas y que se concertaron con Nogueira Fernández para la transferencia de fondos destinados a honorarios, importa la defraudación de los montos asignados para el cumplimiento de la función parlamentaria".
