“La deuda resulta incobrable”. Esa fue la última comunicación enviada en junio de 2011 por la abogada procuradora de Santiago -del Consejo de Defensa del Estado- al Conicyt, refiriéndose a la beca para un postgrado en el extranjero entregada a quien hoy es el candidato presentado por el gobierno para Contralor, el abogado Enrique Rajevic.
Dicha comunicación aparece mencionada en un oficio enviado por el CDE el pasado 15 de septiembre al senador Baldo Prokurica (RN), quien había pedido antecedentes sobre la beca recibida por Rajevic. Esto pues, luego de que el gobierno formalizara al abogado como candidato para suceder a Ramiro Mendoza, en círculos políticos fue comentario el hecho de que el abogado no habría pagado el beneficio para realizar un doctorado en derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
El tema, de hecho, es uno de los puntos en debate en la antesala de que Rajevic concurra mañana a la comisión de Constitución del Senado. A la cita está invitado también el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien ha defendido la nominación pese a que hasta ahora no cuenta con los votos necesarios: senadores del oficialismo han puesto en duda su respaldo, configurando un complejo escenario para el jefe de gabinete y La Moneda.
Retraso del Mineduc
En el oficio -al que accedió T13- el CDE explica que recibió el 5 de noviembre de 2008 un oficio del entonces Ministerio de Planificación -Mideplan, antecesor del actual Ministerio de Desarrollo Social- en que le pide “estudiar las acciones civiles que correspondieren para el cobro de los dineros (…) al haberse incumplido las condiciones” del otorgamiento de la beca. Ante esto, el CDE envía carta a Rajevic “'con la finalidad de buscar los mecanismos que permitan el pago de dicha deuda, evitando la cobranza judicial', para lo cual debía ponerse en contacto con nuestros abogados”.
El 2 de diciembre de 2008, Rajevic envió una carta al CDE y a Mideplan, explicando -según el texto del CDE- que “sólo le falta terminar su tesis de doctorado, por lo que pide se le otorgue un plazo para cumplir dicha obligación”. Y el 31 de diciembre de ese año, el Mideplan le responde que se habían enviado los antecedentes al consejo, aunque “destacando la disposición de 'recomendar al CDE alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita otorgarle al deudor un tiempo prudencial para cumplir su proceso de doctorado”.
Dos años después, en marzo de 2010, el CDE devolvió los antecedentes a Mideplan. Según sostiene en el texto entregado al Senado este mes, debido a que “del estudio de los mismos, aparecía que a la fecha de su recepción la acción para el cobro había prescrito”. Y detalla que la obligación era exigible “sólo hasta el 2 de octubre de 2008, aproximadamente un mes antes de la remisión de los antecedentes por parte de Mideplan”. “Lo anterior sumado a que de la indicada carta de 31 de diciembre de 2008 podría extraerse que el organismo otorgante manifiesta su intención de que, a pesar del tiempo transcurrido, el sr. Rajevic terminase sus estudios de doctorado”, agrega el CDE.
Segunda ofensiva desahuciada
En todo caso, el organismo detalla a continuación que Mideplan volvió a enviar los antecedentes el 6 de mayo de 2010 -una vez ya iniciado el gobierno de Sebastián Piñera- “con el objeto de que este consejo ejerciera las acciones pertinentes”.
“Como es bien sabido, la prescripción no extingue la obligación”, dice el consejo. Por lo mismo, el 26 de mayo de 2010 presentó una demanda ante el 21 Juzgado Civil de Santiago.
Pero nuevamente los intentos por cobrar la beca tuvieron un freno. Esta vez definitivo. “En noviembre de 2010 cambian los protocolos internos de este Servicio tratándose de este tipo de acciones, al instaurarse en la Procuradoría Fiscal de Santiago una Oficina de Cobro a la que son remitidos los mentados antecedentes. En dicha oficina se realizó un nuevo análisis de los mismos, concluyendo que la acción se encontraba prescrita incluso al tiempo de recibirse los antecedentes, resolviendo entonces que el crédito resultaba incobrable”, sostiene el CDE en el oficio enviado ahora al senador RN.
“Ello obedeció al interés del servicio de racionalizar los recursos fiscales, de modo de intervenir en aquellas causas donde exista, a lo menos, una eventual posibilidad de éxito”, se agrega.
Además, el consejo señala que no se pudo notificar personalmente a Rajevic de la demanda antes de dar de baja la causa. “Por lo mismo, nunca fue alegada la prescripción”, sostiene.
“Tampoco se acreditó ante este consejo que los estudios del sr. Rajevic se hubieran concluido satisfactoriamente”, agrega en el documento, apuntando a que quien debe certificar eso es Conicyt.
