Pablo Cádiz y Beatriz Apud

Un informe de doce carillas envió el cinco de enero de 2016 la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento al Cuarto Juzgado Civil de Santiago. 

En el documento –al que accedió T13- se formulan duras objeciones a la cuenta final de administración rendida por el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín en el proceso de liquidación de los terrenos pertenecientes a Patricio Wiesner, que fueron posteriormente adquiridos por Natalia Compagnon y Mauricio Valero, por un valor de $6.500 millones, y que dieron origen al Caso Caval.

Esta arista del caso surgió luego que la sociedad Wiesner S.A –de Patricio Wiesner y Helga Riffhart Richards- objetara la comisión de $415.354.524 que entregó al síndico a Juan Díaz, ex operador político de la UDI, por su participación en la venta de los terrenos, argumentando que el pago no contaba con la debida autorización y  se trataba de una cifra “desproporcionada”. Además, se cuestionaba que era una tarea encomendada “expresamente” al síndico y que no se había consignado en forma previa a su prestación.

Por otro lado, Patricio Wiesner cuestionaba los propios honorarios del síndico, quien además de los $274.742.000 pactados, habría percibido un "premio" de $96 millones, el que se habría emitido a través de una sociedad tercera. 

Ya el 17 de septiembre la Superintendencia había emitido una serie de objeciones a la labor del síndico, entre ellas "un exceso de honorarios" y una "falta de aprobación" de los acreedores al pago de los gastos operacionales del convenio de liquidación y egresos que carecían de información de respaldo.

Luego de recibir los alegatos de la sociedad Wiesner S.A, además del banco Rabobank Chile, el Banco Crédito e Inversiones, la Superintendencia estimó "viable" insistir en la objeción relativa a la falta de aprobación de los acreedores. 

Este es el detalle del nuevo documento:

1)  Incumplimiento en convenio

El informe de la Superintendencia de Insolvencia insiste que los gastos no estaban debidamente aprobados por los acreedores. 

El documento plantea que ante las objeciones formuladas a los $415 millones cancelados a Juan Díaz, el síndico reconoció que éstos “no cumplieron con la formalidad de ser aprobados por los acreedores en forma expresa”, ante lo cual emitió dos documentos bancarios por la suma cuestionada. En sus palabras, “como una muestra de transparencia y buena fe”.

No obstante, en relación  a los restantes gastos incluidos, Chadwick planteó que estos fueron visados por tres de los seis acreedores, lo que a su juicio constituía el 50% exigido para visar la operación. Sin embargo, la Superintendencia plantea que –de acuerdo a las normas para determinar el quórum para este tipo de decisiones, fijadas en el libro IV del Código de Comercio- los acreedores que visaron el acuerdo sólo correspondían al 14,42% del total. Esta cifra, se explica en el informe, se determina a partir de los créditos de los citados acreedores, que suman $48.881.603 de un total de $338.994.663.

A esto se suma que el acta de la comisión de acreedores del 15 de septiembre de 2015 consignó que “en relación a la cuenta rendida por el síndico liquidador, la comisión por unanimidad manifiesta que no la aprueba, por existir partidas de gastos y honorarios no sometidas a conocimiento y consideración”.

Es por estas razones que la Superintendencia de Insolvencia concluye que los gastos “no se encuentran aprobados por la comisión de acreedores”.

2) El supuesto “premio” del síndico

Un segundo punto que aborda el informe es un pago adicional de $96 millones al síndico. De acuerdo a la declaración ante la fiscalía del contador de la sociedad de Wiesner, Jorge Lufín Huerta, se trataba de “un premio” emitido a nombre de una sociedad tercera llamada Vicuña y Compañía. 

“Hago presente que es el síndico quien señala que la factura la hicieran a nombre de esa sociedad, la cual al parecer fue creada para estos efectos”, fue parte de su declaración, que figura en la carpeta investigativa de la causa. 

La Superintendencia señala que en en agosto no insistió sobre este tema dado que no contaba con los antecedentes suficientes que acreditasen o descartasen que el síndico hubiese recibido estos montos.

Ahora, en su informe con fecha 5 de enero de 2016, plantea que los honorarios del síndico deben ser “proporcionales” al monto de los repartos efectuados en el proceso de quiebras a partir de una escala previamente establecida. 

Si bien la ley contempla la posibilidad de fijar honorarios adicionales para el síndico, estos deben ser aprobados por cada uno de los acreedores que acepten concurrir al pago del exceso a su propio cargo. Ante esto la Superintendencia señala que tras revisar cada una de las actas de las sesiones se constató que “en ninguna de estas se fijó un honorario adicional para el síndico”. 

El informe consigna que se constató la existencia de “una hoja sin membrete y sin firma” que da cuenta de un monto por “honorarios adicionales” ascendiente a $95.960.200 y adjunta dos comprobantes contables que registran dos cheques girados a Helga  Riffart (esposa de Patricio Wiesner) por un monto de $2.000.000.000 y $303.534.723. Sin embargo, plantea que “el monto ascendiente a $95.620.200 no se encuentra registrado en la contabilidad del referido convenio, ni se encuentra informado en las cuentas finales”.

De tidos modos, Superintendencia pidió al tribunal que se oficie a la fiscalía para que informe si Chadwick percibió "directa o indirectamente" todo o parte de los fondos pagados a la sociedad Vicuña y Compañía, por parte de la esposa de Wiesner.

Por otro lado, se señala que en vista de que aún no comienza la fase probatoria del caso Caval, se pide otorgar plazo para poder complementar este informe con eventuales nuevos antecedentes que puedan surgir en el caso. Para ello solicitó la carpeta investigativa de la causa que lleva adelante el fiscal Luis Toledo.

El complejo escenario del síndico

Chadwick enfrenta un complejo escenario en el marco del Caso Caval, donde incluso puede llegar a perder su condición de síndico.

El abogado será uno de los nueve formalizados el próximo 29 de enero, como presunto autor del delito de ventajas indebidas del síndico del artículo 38° del libro 4 del código de comercio. 

A esto se suma que este lunes el SII se querelló en su contra como autor de los delitos tributarios contemplados en el inciso primero del artículo 97 N°4 y N°5, del Código Tributario, por la omisión maliciosa de ingresos efectivamente percibidos, tanto por la sociedad de Patricio Wiesner como por el propio síndico en su calidad de contribuyente persona natural, así como por la omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto. 

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