El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó el procedimiento abreviado contra los ex controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano por delitos tributarios, eliminando los cargos de soborno, lo que generó gran discusión en la audiencia. En el caso del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, acusado de recibir pagos de la firma, se dejó fuera el cohecho, lo que fue recalificado como enriquecimiento ilícito.
Como efecto de la eliminación del delito de cohecho y soborno, el tribunal dejó fuera de la causa al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Fundación Ciudadano Inteligente que eran querellantes hasta ahora, lo que produjo grandes diferencias, que llevaron a algunos abogados a acusar al Ministerio Público de haber "dejado de ser el ente persecutor" de los delitos.
Sobre la decisión de llegar a un acuerdo con los imputados, el fiscal Manuel Guerra explicó que en la formalización existente habían una serie de afirmaciones que no tenían "correlato" con antecedentes de la investigación y que permitieran acreditarle los términos por los que estaba formalizado previamente.
"Determinamos que los hechos que sí podíamos probar respecto de esa imputación original por cohecho, que hasta el día de hoy está referida al delito de incremento patrimonial indebido, es realmente la relativa a la existencia de pagos efectuados por parte de la empresa Penta a Pablo Wagner. Lo que no tenemos claro es que esos pagos tengan como fundamento la ejecución por parte de Wagner de ciertas actividades", declaró Guerra.
Además, señaló que el único antecedente relativo al que se trataría a situaciones que tendrían como correlato la existencia de un soborno y cohecho como contraparte, "es la declaración de Hugo Bravo quien dice 'yo creo que fue debido a que era subsecretario', el aporte económico que se le efectuó que es una apreciación personal".
Aquí no se trata de hacer lo que uno quisiera, sino lo que uno puede
Guerra afirmó que "decidimos reformalizar, no por un tema de intentar impedir a los querellantes que ejerzan su derecho, sino que derechamente porque tenemos el deber de objetividad, que nos hace ser precisos en las imputaciones que hacemos y obviamente aquí no se trata de hacer lo que uno quisiera, sino lo que uno puede". En este sentido, el fiscal enfatizó: "no es un error".
Sobre las actuaciones de la fiscalía en el pasado, el fiscal comentó que "cuando se formaliza la investigación el año 2015 se actúa sobre la base de los antecedentes existentes de esa época y se miran de una determinada óptica", y agregó que "no estoy en condiciones de cuestionar la decisión, que en definitiva no es de los fiscales Gajardo y Norambuena, es una decisión del ex fiscal Sabas Chahuán que merece todo mi respeto".
Guerra dijo estar "absolutamente" satisfecho con la culpabilidad de los dueños de Penta, ya que "creemos que se trata de delitos tributarios graves. Recuerden ustedes que cuando comenzó esta investigación se señalaba por los distintos involucrados que estos eran errores o derechamente faltas administrativas y que en ningún caso se trataba de conductas constitutivas de delito".
"Al día de hoy ellos se han visto en la obligación de aceptar un procedimiento abreviado porque no tenían otra alternativa, y dada la contundencia de los antecedentes respecto de la existencia de delitos tributarios han sido condenados", remarcó.
Afirmó que no solo deberán pagar la multa que se estableció, "que es bastante cuantiosa", sino que ya han pagado la suma cercana a los 10 mil millones de pesos.
