Caso OAS: Defensa de Marco Enríquez-Ominami pedirá aunar causas para ir a juicio oral
Marco Enríquez-Ominami arribaría a Santiago, desde París, este lunes para involucrarse de lleno en la solicitud de aunar las causas que se le imputan, en el marco del caso OAS, de cara a enfrentar un juicio oral.
Según consigna La Tercera, el abogado defensor, Carlos Mora, solicitará, este martes, al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de la investigación liderada por la jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong. Además del inicio del juicio oral en el caso OAS.
Solicitud que se tomaría a días que la fiscal Chong pidiera una ampliación de los 90 días que se otorgaron para investigar, esto por la espera que se tenía a dos diligencias.
Sin embargo, según el mismo matutino, estas pericias no estarían relacionadas con los delitos que se le imputan a ME-O, por lo que no serían del todo fundamentales en la acusación por presunto fraude de subvenciones y delito tributario de facilitación de boletas falsas para justificar el uso de un jet privado en la campaña presidencial de 2013.
Dicha aeronave, además, que fue financiada por la empresa brasileña OAS, involucrada junto a Odebrecht en el pago de sobornos y financiamiento irregular en la política de diversos países sudamericanos.
Por lo pronto, la publicación del medio mencionado apuntó que el abogado Carlos Mora y la fiscal Ximena Chong se habrían reunido, pero en dicho encuentro no se habló de un acuerdo de juicio abreviado, una idea que fue descartada desde el inicio del caso.
Sin embargo sí se baraja la posibilidad de solicitar aunar las causas en un juicio oral.
Esto, además, sería parte de una estrategia para separar la investigación sobre el financiamiento de las empresas constructoras brasileñas en las campañas políticas chilenas.
De pronto, en la acusación por el delito de fraude de subvenciones se solicitaría una condena de hasta cinco años de prisión contra ME-O, además de otros tres por delito tributario, asegura La Tercera.
Acusación en la que son intervinientes el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos.