El decreto supremo 77 del Ministerio de Hacienda, firmado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, sigue siendo objeto de críticas para el gobierno. Esta vez, fue la Asociación Chilena de Casino de Juegos que cuestionó las palabras del ministro Rodrigo Cerda, quien aseguró que el decreto evitó un “impacto fiscal” para Chile.
El presidente del organismo, Ricardo Abdala, recalcó que si no se hubiese firmado aquel decreto, el fisco podría haber hecho efectiva las boletas de garantía de la empresa Enjoy, e incluso haber recaudado cien millones de dólares.
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“Es precisamente lo contrario, señor ministro. Si se hubieran ejecutado las boletas de garantía bancaria, el fisco hubiera recaudado cien millones de dólares. Al contrario, hoy no tiene esos ingresos”, dijo Abdala.
“El decreto 77, el decreto supremo es totalmente ilegal, porque vulnera los derechos de los concursantes y además se dicta en un momento en el que existía un proceso pendiente entre Enjoy y la Superintendencia de Casinos de Juegos en la Corte de Apelaciones, el que justamente tendría que zanjar la ejecución o no de las boletas de garantía bancaria y la suspensión de las obras”, agregó el representante de la asociación.
El ministro Cerda, durante la mañana de este viernes defendió el polémico decreto, por el cual la Contraloría General de la República investigará el fideicomiso ciego del Presidente Piñera, y aseguró que era necesario para el país.
"Si no se completan ciertas obras, una de las posibilidades era que eventualmente se cobraran las boletas de garantía, se caducaran los permisos, pero en ese sentido la información que teníamos de la Superintendencia de Casinos, que es un órgano técnico, es que íbamos a dejar de recibir una cantidad importante de futuros ingresos para el fisco en materia de impuestos", dijo el titular de Hacienda.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados para el caso concluyó que existiría un posible conflicto de interés de dos de las empresas que administran el patrimonio del mandatario, como lo son BTG Pactual y Moneda Asset, que tienen inversiones en la empresa Enjoy.
El caso se hizo público cuando la periodista Alejandra Matus presentó la investigación “Los conflictos de interés del Presidente Piñera con la licitación y extensión de permisos para extender las obras de casinos licitados a Enjoy S.A.”.
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En el trabajo se dice que estas dos empresas “están comprometidas, ya sea por boletas de garantía o porque están avalando la deuda de Enjoy, en que Enjoy se mantenga a flote a pesar de que está virtualmente quebrada desde 2017".
Pese a esto, en junio de 2018 la Superintendencia de Casinos le otorgó a Enjoy los permisos de operación para los casinos de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas, con un plazo de dos años para iniciar la operación y con la opción de pedir un año más de plazo por única vez.
En febrero de 2020, los cinco casinos pidieron el único aplazamiento posible, sin embargo, en enero de 2021, la Contraloría tomó razón de un decreto (el decreto 77) presentado por el Ministerio de Hacienda, que permite un nuevo aplazamiento, por seis meses, en el que se autoriza a la superintendencia a extender nuevamente el plazo de inicio de operaciones.
"La superintendencia podrá extender la respectiva prórroga otorgada para la ejecución de las obras, previa solicitud de las sociedades operadoras, sólo por una vez y por razones fundadas, por un periodo que no exceda de seis meses, tratándose del cumplimiento de las obras de inicio de operación del casino de juego propiamente tal, y por el mismo período para el cumplimiento de las demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto integral", detalla el decreto.
