La Fundación Urbanismo Social solicitó a la justicia la apertura de un proceso de quiebra, debido a la falta de liquidez que tendría la institución que es investigada por el Ministerio Público en el marco del Caso Convenios.
Camila Ramírez, la representante legal de Urbanismo Social hizo la solicitud de quiebra ante la justicia, argumentando que el ente “tiene deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio”.
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“Por la nula capacidad económica de la fundación, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria”, dice el escrito.
“Como es de público y notorio conocimiento, durante el mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado Caso Convenios, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”, dijo el organismo.
La Fundación Urbanismo Social es investigada por haber recibido recursos públicos de parte de distintas instituciones del Estado, vía trato directo. Las seremis de Vivienda y Urbanismo del Maule y Biobío son indagadas por estos acuerdos.
