“Claramente yo estimo que esto es una persecución política”, manifiestó el alcalde de Colina Mario Olavarría, quien la semana pasada fue notificado de una inhabilitación temporal para ejercer como jefe comunal, a raíz de la acusación que pesa en su contra en el contexto del caso Basura.
Los cargos contra Olavarría consisten en seis delitos de fraude al fisco, por los que el Ministerio Público pidió 12 años de presidio mayor en su grado medio, además de una multa de más de 48 millones de pesos e inhabilitación de 7 años y un día para ejercer cargos públicos.
Por esta acusación, dos concejales opositores a su gestión presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral de la Región Metropolitano el que determinó suspenderlo por estar acusado por un delito que merece pena aflictiva.
El alcalde asegura no tener nada que ver con el caso Basura, y asegura estar esperando las instancias venideras para probar su total inocencia. Sin embargo, ante la situación de inhabilidad para ejercer su cargo, Olavarría asegura que ésta “no opera a pleno derecho (sólo) porque el fiscal lo dice... no tiene jurisdicción, sino que es el Tribunal Electoral Regional”.
Ante esto, el edil presentó una apelación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), y en paralelo envió una carta a sus colaboradores asegurándoles que “mientras existan recursos pendientes, seguiré ejerciendo mis funciones de acuerdo a las garantías que el Derecho me otorga”.
No obstante, Olavarría no se quedará solamente esperando lo que resuelva el Tricel, sino que adelantó a T13.cl que considera realizar una presentación ante el Tribunal Constitucional por esta materia. “La norma que establece la suspensión es una norma que ya fue reclamada por inconstitucionalidad (...) efectivamente es una sanción anticipada, mientras que se debe presumir la inocencia. El sistema penal actual tiene medidas cautelares, pero el establecer una suspensión, se entiende que es una sanción anticipada que no corresponde. Estoy viendo la posibilidad de presentarme al Tribunal Constitucional para que vea esta materia también, y así que a otro alcalde no le suceda lo mismo”.
“Es una absoluta persecución política que se dio justo antes de la elección municipal del año pasado (...) esta elección la gané y ahora justo antes de la Presidencial y la Parlamentaria volvemos a lo mismo”, acota Mario Olavarría.
Andrés Vásquez (DC), uno de los concejales que presentó el recurso contra el alcalde, estima que Olavarría debería dejar su cargo, y considera grave que el edil “siendo abogado, no quiere respetar la ley (...) lamento que tenga actitud rebelde con la institucionalidad, con el fallo, el que lo suspende de su cargo por estar acusado del delito de fraude al fisco. No hay persecución política”.
