Este miércoles el ministro de la Corte de Apelaciones dedicado a casos de violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet, Mario Carroza, confirmó a T13 la acusación contra Juan Emilio Cheyre en calidad de cómplice por una serie de homicidios que tuvieron lugar en octubre de 1973.
Carroza investiga la vinculación de Cheyre en las actividades de la Caravana de la Muerte cuando era teniente. Concretamente, la realización de 15 homicidios y secuestros en el regimiento Arica, ubicado en La Serena.
"Se dictó acusación contras todas aquellas personas que estaban ya procesadas con anterioridad, entre esos el general", explicó este miércoles el juez Carroza a T13. Al proceso le restarían al menos tres meses y con la decisión, el ministro descartó la opción de sobreseer al militar en retiro.
Tras ser procesado en julio del año pasado, Cheyre estuvo detenido como cómplice junto a otras 8 personas y luego fue liberado previo pago de una fianza de $1 millon. En octubre, volvió a declarar por esta arista tras lo cual presentó su renuncia al Servicio Electoral, entidad de la cual era consejero.
Cheyre, que estuvo como máxima autoridad del Ejército entre 2002 y 2006, alega inocencia por la presunta violación de derechos humanos. En una entrevista a T13, dijo en julio del año pasado: "Me duele que matando a este personaje se mate la obra del Ejército por la reconciliación".
De acuerdo al sistema de justicia antiguo, ahora corresponde que la defensa de Cheyre presente sus descargos.
Junto con Cheyre, se acusó en calidad de cómplices a Pedro Espinoza Bravo, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Ariosto Lapostol Orrego y Víctor Alegre Rodríguez en calidad de autores y a Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Jaime Ojeda Torrent, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González, Mario Vargas Miguieles, Mario Larenas Carmona, Luis Humberto Fernández Monjes y Luis Araos Flores.
Los antecedentes de Carroza
La acusación de Carroza señala que tras el Golpe de Estado de 1973, el Comandante en Jefe del Ejército de la época, Augusto Pinochet Ugarte, habría encomendado a Sergio Arellano Stark (actualmente fallecido), recorrer el país "para que acelerara los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, proceder a ejecutarles".
Es en este contexto que el 16 de octubre de 1973 Arellano llega a la ciudad de Antofagasta a bordo de un helicóptero Puma del Ejército con un grupo de militares (entre ellos Sergio Arredondo, Pedro Espinoza, Emilio de la Mahotiere, Luis Polanco, Juan Chiminelli, Hugo Leiva y Marcelo Moren Brito, este último fallecido). Al bajar, Arellano sostiene una reunión con el comandante Ariosto Lapostol, a quien "le informa de su misión".
Con el objetivo de "dar cumplimiento a esa decisión" un contingente del Ejército se trasladan hasta la Cárcel Pública de La Serena y retiran de la prisión a las víctimas Oscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramirez Sepúlveda, Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Guzmán, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Oscar Cortés, Manuel Jachadur Marcarian, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña, "a quienes trasladan sin decreto ni autorización alguna al Regimiento y a disposición de la autoridad militar de la ciudad de La Serena. Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento el detenido Oscar Aedo Herrera, a quien conducen y lo unen a los demás prisioneros, hasta el polígono de tiro de ese recinto militar".
En el documento se señala que una vez que los detenidos llegan al polígono "son ajusticiados sin juicio previo, mediante disparos efectuados por personal del Ejército". Luego de esto, efectivos del regimiento procedieron a inscribir las defunciones "sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares, acto seguido personal militar procede al traslado de sus cuerpos hasta el Cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal".
Se agrega que, una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos, la jefatura de Zona "resuelve publicar en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra lo que tanto el Comandante del Regimiento, como su Ayudante que lo lleva a los medios de comunicación y los oficiales de dicha unidad militar, tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología".
