El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentó una nueva agenda de probidad de la cartera, en medio del escándalo por el denominado Caso Convenios.
El secretario de Estado planteó que "con los dineros destinados a la construcción de viviendas de los chilenos, de los sectores de más bajos recursos, no se puede enriquecer nadie".
Durante este miércoles, el ministro Carlos Montes dio a conocer la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), con el objetivo de mejorar la gestión del programa de Asentamientos Precarios y su relación con instituciones sin fines de lucro.
"Hemos querido dar respuesta a la inquietud ciudadana por el denominado Caso Convenios, mirándolo desde la gestión, de la modernización de aspectos centrales del ministerio, como es este nuevo sistema para los asentamientos precarios", sostuvo el ministro.
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En esa línea, afirmó que "nosotros enfrentamos, de frente y sin miedo, una problemática compleja de irregularidades, de desórdenes, de corrupción, que se inició en la Seremi de Antofagasta. Hemos sido implacables, buscando sanciones ejemplificadoras en este caso, hemos señalado que el sistema es malo y, por ese motivo, hoy anunciamos cómo lo vamos a cambiar".
Y, junto con destacar la entrega de información del Minvu por la investigación por el Caso Convenios, Carlos Montes señaló que "estamos, simultáneamente, trabajando en el Plan de Emergencia Habitacional, porque el problema de fondo es que aquí tiene que haber respuesta a las familias".
"Estamos trabajando con la mayor seriedad, con la mayor persistencia, en que haya más viviendas y es por eso que estamos preocupados de tener más recursos, que los bancos presten recursos y que las distintas instituciones operen mejor para poder sacar este plan adelante", agregó.
Cabe destacar que entre el conjunto de medidas de la agenda de probidad del Minvu está la actualización y estandarización de los convenios de transferencias de recursos que se suscriban con entidades públicas o privadas; además de la creación de un registro de fundaciones, en la que cada organización deberá estar inscrita para participar de convocatorias del Minvu desde 2024, permitiendo regular su labor, sancionarlas, poner fin a los contratos o cobrar boletas de garantías, las que serán obligatorias.
