Este miércoles el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la expulsión del país en un plazo de 30 días a los nueve bolivianos detenidos, acusados de los delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas.
La resolución sacó una serie de diversas respuestas, como la del Presidente Evo Morales quien calificó el fallo como "político" y señaló que el "gobierno de Chile no pudo ocultar la verdad y tuvo que poner fin a la detención ilegal".
En tanto, el canciller Heraldo Muñoz hizo un llamado a "evitar situaciones de politización de procesos judiciales".
"Tanto la defensa de los detenidos como la opinión pública nacional e internacional son testigos de que se cumplieron plenamente las normas del debido proceso. Ello, entre otros testimonios, por la amplia cobertura en directo que tuvieron las audiencias", señaló.
"Los detenidos han contado con una amplia defensa y condiciones apropiadas, incluyendo la visita de representantes de la Cruz Roja Internacional y numerosas autoridades bolivianas y familiares que los han visitado reiteradamente", agregó el ministro de Relaciones Exteriores.
