Durante la noche de lunes, los gastos de "traslación" de la diputada UDI Andrea Molina fueron ampliamente criticados en redes sociales. Esto, debido a que la parlamentaria, en marzo de 2014, informó más de $3 millones en movilización.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados salió al paso de la polémica, expresando que Molina, al representar al distrito número 10 de la región de Valparaíso, debe "cumplir la funcion de representación implica un continuo traslado por doce comunas en un territorio extenso. No se trata, como se ha dado a entender, sólo de su traslado entre su distrito y la sede del Congreso".
Las comunas de Cabildo, Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero y Zapallar están agrupadas dentro de su distrito.
A través de una declaración pública, firmada por el secretario general de la Cámara Baja Miguel Landeros, se agregó que "los gastos operacionales de los diputados son permanentemente fiscalizados, primero por los órganos internos de control y, luego, por el Comité de Auditoría Parlamentaria". Y que en ninguna de estas auditorías la diputada Andrea Molina ha sido objeto de observaciones ni se ha comprobado ninguna irregularidad.