La Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Esto luego que 65 parlamentarios aprobaran la “cuestión previa” presentada por la ministra para desestimar el libelo. En contraposición a esto, 40 legisladores la rechazaron.
¿Qué es la "cuestión previa"?: Es una facultad con que cuenta la autoridad acusada para argumentar que el libelo no cumple con los requisitos que establece la Constitución.
De esta forma se entenderá que la acusación nunca fue presentada, por lo que no se entrará en el debate de fondo sobre el texto.
Al inicio de la sesión, la titular del Minsal anunció que recurriría a la "cuestión previa", señalando que "tengo la tranquilidad de no haber infringido nunca las leyes, he dado fiel cumplimento a las obligaciones que tengo. Esta acusación es infundada e inconducente".
Por otro lado, sostuvo que "vivimos tiempos difíciles en salud, que algunos llaman crisis, con el ánimo de crear una desesperanza crónica y de alimentarla continuamente de malas noticias".
Tengo la tranquilidad de no haber infringido nunca las leyes, he dado fiel cumplimento a las obligaciones que tengo. Esta acusación es infundada e inconducente
"Yo me cuento entre los que vemos en esta situación una gran oportunidad para mejorar y un desafío que la vida buena nos regala para con serenidad y seriedad servir a Chile y a su gente", agregó.
Luego de la defensa de la ministra, abogado Javier Couso argumentó que se trata de una herramienta "excepcional", que sólo ha sido utilizada en 10 ocasiones durante los últimos 25 años.
"Una acusación no puede fundarse en el mero desacuerdo con la gestión de una autoridad. Los diputados cuentan con otras herramientas para hacer legítimas críticas políticas", señaló.
Junto con esto, el abogado enfatizó que la acusación busca sancionar a una autoridad por infracciones "personales" y no por problemas "sistémicos".
La acusación constitucional se trata de una facultad fiscalizadora de los parlamentarios, quienes pueden solicitar un juicio político a una determinada autoridad por incumplimientos graves a su labor.
En este caso, la oposición acusaba "graves infracciones a la Constitución" además de una serie de incumplimientos en materia de infraestructura hospitalaria, el Plan Auge y la ley Ricarte Soto. Junto con esto aseguraban que la titular del Minsal no habría cumplido con responder en el plazo legal un cuestionario entregado durante la interpelación, realizada el pasado 30 de septiembre.
Para efectos de analizar la acusación es que la Cámara designó mediante sorteo a un grupo de parlamentarios, quienes rechazaron los cuatro capítulos de la presentación.
Durante ese proceso, la titular del Minsal presentó sus descargos, asegurando que "tengo la certeza de no haber infringido la Constitución ni las leyes de la República, tampoco he dejado las leyes sin ejecución".
Por otro lado, en el documento que sustentaba su defensa calificaba de "imprudente" hablar de una crisis en el sector de Salud.
¿Qué hubiese pasado si se aprobara la acusación?
Las posibilidades de que la acusación prosperara eran bajas. Esto ya que la oposición no tiene mayoría en la Cámara y el oficialismo ha señalado que apoyará en bloque a la titular del Minsal.
En un caso hipotético que la acusación se hubiese aprobado, esta hubiese pasado al Senado, que actuaría como juez.
En caso que la Cámara Alta hubiese aprobado la acusación, Castillo habría sido destituida de su cargo y habría quedado inhabilitada para ejercer empleos públicos por cinco años.
Los últimos dos ministros que han sido destituidos han sido titulares de Educación: Harald Beyer, en 2013, y Yasna Provoste, en 2008.
