La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025 que los estudiantes de 3° y 4° medio que sean sancionados por hechos violentos en el marco de la Ley Aula Segura, no puedan acceder al beneficio de gratuidad en sus eventuales estudios de educación superior.
"Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso", dice la indicación aprobada.
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La norma tuvo el respaldo de toda la derecha en la sala y la Democracia Cristiana (DC), lo que se reflejó en 76 votos a favor, 53 en contra y tres abstenciones.
El diputado del Partido Comunista (PC) Boris Barrera se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial.
“Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas”, alegó Barrera.
“Esta medida implica un castigo desproporcionado. Hay que atender los problemas, no profundizarlos en medidas como estas. Esto demuestra sólo el desprecio de la derecha con la gente pobre, de los sectores medios, hijos e hijas de esforzados trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones de pagar una carrera universitaria”, añadió.
