La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constititucional presentada en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por su manejo político durante el paro de camioneros y en manifestaciones.
La admisibilidad del libelo tuvo 80 votos a favor y 74 en contra, entre ellos el DC Jorge Sabag. En tanto, el ex DC Pablo Lorenzini se abstuvo.
Con esto el Senado deberá definir el futuro político del titular de Interiro, quien quedará suspendido durante este proceso. Ingresa acá para ver el paso a paso del trámite que viene.
Los parlamentarios acusadores aseguran que Pérez observó "con una excesiva tolerancia los hechos de bloqueo de rutas" de los camioneros. Además se apunta a su respondabilidad con respecto al manejo de Carabineros en las protestas, especialmente con el caso del joven de 16 años que cayó desde el Puente Pío Nono.
Esta mañana la nueva defensa del titular de Interior, encabezada por Gabriel Zaliasnik, anunció que no invocará la cuestión previa, por lo que se pasará directo al fondo de la acusación.
La sesión comenzó con la exposición del diputado acusador, el DC Gabriel Ascencio.
En su intervención, Ascencio calificó de "realismo mágico" la primera contestación presentada por la anterior defensa del ministro, la que apuntó a que el manejo de Carabineros durante un estado de Excepción dependía de Defensa, cartera liderada por Mario Desbordes.
"Esto les generó un conflicto político que no calcularon", comentó el parlamentario acusador, quien recordó que, finalmente, esta línea argumentativa terminó siendo desestimada.
Por otro lado, acusó una "desprolijidad e incapacidad para contestar la acusación constitucional". Esto, aseguró, "es responsabilidad del ministro y no de nosotros".
En otra parte de su argumentación, el parlamentario acusó vulneraciones al principio de igualdad ante la ley, asegurando que el uso de herramientas como la invocación de la Ley de Seguridad del Estado o el uso de la fuerza pública se hace "dependiendo de la posición o ideología política" de quienes se manifiestan.
"Cuando se anuncia la toma de bienes privados, rápidamente se invoca la Ley de Seguridad del Estado, pero cuando los camioneros anuncian la estrangulación de las carreteras, tomando bienes públicos, no importa, hay relajamiento", afirmó.
Ya al final de su intervención, Ascencio remarcó que "no son las manifestaciones las que ponen en peligro la democracia, tampoco son las acusaciones constitucionales (...) la democracia y nuestras instituciones tambalean, se debilitan, cuando las autoridades de este país, como este ministro del Interior, infringen la constitución y a ley, o dejan de cumplirlas".
"Intento de inmovilizar al gobierno"
Ahora es el turno del abogado defensor de Pérez, Gabriel Zaliasnik, quien recordó que hace solo tres semanas estaba en la misma sala defendiendo a otra autoridad, el ex ministro Jaime Mañalich. "Es como el dia de la marmota", comentó.
El abogado acusó un uso "abusivo" de las herramientas fiscalizadoras por parte del Congreso, enfatizando que Pérez llevaba solo tres meses en el cargo cuando se anunció el libelo en su contra.
"Se trata de inmovilizar al gobierno, por la vía de anular a sus ministros", sentenció.
Posteriormente fue el propio Pérez quien pidió la palabra, asegurando que haber invocado la Ley de Seguridad del Estado frente a los camioneros habría "agravado" el conflicto.
Si los diputados aprueban la acusación en contra de Pérez, el ministro será suspendido de su cargo hasta que el libelo sea discutido por los Senadores. En caso que el Senado apruebe la acusación, Pérez será removido de su cargo y no podrá ejercer empleos públicos por cinco años.
Los últimos ministros que han sido destituidos han sido titulares de Educación: Harald Beyer, en 2013, y Yasna Provoste, en 2008. A ellos se suma Andrés Chadwick, quien ya había dejado el cargo cuando se formalizó el libelo en su contra, por lo que solo se aplicó la inhabilidad.
