La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que sanciona el porte injustificado de combustible en reuniones en lugares públicos.
Pese a que la norma es parte de la agenda de seguridad que acordaron el Gobierno de Gabriel Boric y el Congreso, desde el Ejecutivo esperaban hacerle algunas modificaciones antes de que saliera del Congreso.
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Modificaciones del Senado a porte de combustible
La cámara baja aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que pasaron por suprimir dos normas de la iniciativa despachada en el primer trámite. La primera de ellas introducía una nueva falta en el Código Penal. Ella castigaba a quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, portara combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
La multa planteada a esta situación era de diez a veinte UTM (Entre 600 mil a 1,2 millones de pesos). Se contemplaba aplicar siempre y cuando la persona no pudiese proporcionar una explicación razonable para su porte.
La segunda norma suprimida en el Senado permitía a las policías detener a las personas que incurrían en la falta de porte injustificado de combustible en aquella situación.
En el Senado solo se mantuvo la disposición penal que se introdujo en la cámara vía indicación, aprobada al momento de las votaciones. Este precepto sanciona con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
Precisamente este aspecto era el que el gobierno buscaba volver a modificar por medio de una comisión mixta, sin embargo, cuatro diputados oficialistas dieron los votos para que la norma se despachara tal y como estaba.
