Blanco enfrenta a comisión investigadora en antesala de interpelación
Blanco enfrenta a comisión investigadora en antesala de interpelación
Hasta el ex Congreso llegará hoy, a las 15 horas, la ministra de Justicia, Javiera Blanco. La secretaria de Estado se encuentra citada a la Comisión Investigadora creada por la Cámara de Diputados para indagar sobre las responsabilidades políticas en las muertes de menores bajo la protección del Sename. SIGUE LA TRANSMISIÓN EN ESTE ENLACE.
La asistencia de la ministra en considerada clave para integrantes de la instancia, pues se dará a 24 horas de la interpelación que realizará la diputada RN Marcela Sabat a la ministra, para abordar la situación de los menores a cargo del servicio, así como de la crisis en Gendarmería.
Uno de los temas que buscan aclarar en la sesión de hoy dice relación con las cifras de menores fallecidos. El primer balance que conoció la comisión apuntaba a que 185 menores dependientes de instituciones del Sename habían muerto entre 2005 y mayo del 2016. De ellos, 134 perdieron la vida en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores y 2 en lugares de administración directa del Sename.
Sin embargo, las cifras entraron rápidamente en cuestión, luego que se conociera un informe de Unicef que sólo en 2010 cifraba en 75 las muertes, a diferencia del informe entregado por el gobierno que sólo mencionaba 15 casos.
Luego, el diputado René Saffirio (Independiente, ex DC) aseguró que en el periodo 2005 a 2016 habían ocurrido otras 292 muertes, que sumadas a las cifras entregadas por Justicia daban un total de 477. El mayor número se explicaba porque el primer informe no incluía a los fallecidos adolescentes por responsabilidad penal juvenil.
En medio de las inconsistencias en las cifras, el Sename decidió retirar sus propios anuarios.
En la antesala de la sesión, el diputado Saffirio señala a T13.cl que "hay una serie de compromisos que contrajeron en el Ministerio de Justicia que no se han cumplido, que es la entrega de información respecto de los 185 fallecidos reconocidos por el Ministerio de Justicia. Y espero que sin ser las cifras el tema de fondo expliquen las razones por las cuales el Sename no cuenta con estadísticas de fallecimientos, a pesar que las cifras están publicadas en sus anuarios".
La semana pasada, el Sename había salido al paso de las cifras entregadas por Saffirio, asegurando que las entregadas previamente a la Comisión sólo consideraban a menores en hogares administrados por el servicio u organismos colaboradores, no así a los infractores de ley ni adultos fallecidos en centros de la institución o colaboradoras.
Saffirio insiste en que solicitó la entrega de las cifras de muertes "sin distinción" y que los números entregados la semana pasada fueron armados sobre informes del propio Servicio. "Eso tienen que explicarlo", dice.
Polémica por posible acusación constitucional
En medio de los cuestionamientos a las cifras, el diputado Saffirio anunció la semana pasada evaluaba presentar una acusación constitucional contra la ministra Blanco, a quien la sindicó de entregar información "falsa" respecto de las muertes de menores a cargo de instituciones dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 2005 y 2016. Un mecanismo que también evalúan parlamentarios de la oposición.
Una ofensiva que generó rechazo por parte de sus ex pares de la DC que integran la comisión investigadora. "El está usando un doloroso suceso para protagonismo político. A mí me duelen los niños y lo que me interesa es que la fiscalía nos diga tantos niños fallecieron por esta causa y la responsable de esto es tal persona, y al final determinamos la responsabilidad política", dijo a T13 el diputado Claudio Arriagada.
Quien también salió en rechazo de la ofensiva fue el DC Ricardo Rincón: "falta objetividad para levantar un juicio de esta naturaleza".
El también integrante de la Comisión Investigadora cuestionó a Saffirio por estar "anticipando posibles juicios políticos a un tema que a lo menos las crudas y lamentables cifras señalan que son hechos que han ocurrido como un mal endémico del Estado de Chile y no de una ministra de Estado y de una ministra que ni siquiera lleva dos años en el cargo".
"Los juicios políticos son totalmente personalizados: es al ministro específicamente acusado por las responsabilidades que le quepan de acuerdo a los mandatos que la propia constitución establece", enfatizó.
Saffirio es enfático que su decisión de impulsar o no una acusación Constitucional dependerá de las explicaciones que entregue Blanco: "De la consistencia de la respuesta depende mi decisión de acusar o no constitucionalmente a la ministra".
En cuanto a las críticas de sus pares DC, el diputado manifestó que "me tiene absolutamente sin cuidado lo que opinen los diputados de la DC, ni de ningún partido".
"Este no es un tema de partidos, este es un tema de 477 niños, niñas y adolescentes muertos bajo la custodia del Estado. Que en democracia mueran 477 personas que están bajo la tutela del Estado es inaceptable y alguien tiene que responder por esto", sentenció.
Sabat: "Disparidad de cifras dificulta un plan de acción"
Consultada sobre las acusaciones de Saffirio, la presidenta de la Comisión Investigadora, Marcela Sabat, dijo a T13 que "es una cifra dolorosa para el país, hemos fallado como estado de Chile antes los más vulnerables".
"Hoy necesitamos mediadas estructurales en forma urgente, y claramente la disparidad de estas cifras desde el gobierno dificulta un plan de acción que hoy, ante cambios sucesivos de directores del servicio denotan lentitud. Se evidencia un desorden al interior del Ministerio de justicia cuando no existe un plan de acción ante el estado de urgencia en que se encuentra el servicio", agregó la diputada, quien será la encargada de interpelar a la ministra Blanco este martes.
En cuanto a la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra, Sabat comentó que "estamos utilizando todas las herramientas fiscalizadoras que nos entrega la ley en forma seria, de manera complementaria a la comisión investigadora y la interpelación, no descartamos la presentación de una acusación constitucional si se levantan antecedentes que la configuren".
