Enfatizando la necesidad de “otorgar máxima transparencia y buscar diversas responsabilidades administrativas y políticas”, el jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón y el presidente de la Comisión de Defensa, Jaime Pilowsky, ingresaron este martes la solicitud para crear una comisión especial investigadora destinada a aclarar los hechos relativos al millonario fraude en el Ejército, con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Según lo señalado por Rincón, “se busca de indagar las responsabilidades que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente. También, establecer las fallas en el sistema de control del gasto en defensa acaecidos en este proceso, analizando el procedimiento a través del cual se seleccionan los proyectos que involucran gastos en sistemas de defensa".
La denuncia fue dada a conocer en agosto pasado por la versión web del diario "The Clinic", donde se asegura que millones de dólares de los fondos de la Ley reservada del Cobre, habrían desaparecido a través de operaciones fraudulentas.
Si bien existen diversas cifras sobre el fraude, que está siendo investigado por la Justicia Militar y Civil, se ha señalado que la suma alcanzaría los 1.800 millones de pesos.
Plazo de 120 días para la investigación
De aprobarse la comisión, en un plazo no superior a 120 días, ésta deberá además remitir sus conclusiones a los órganos que correspondan, “proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran a objeto de evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir”
Según el jefe de bancada, Ricardo Rincón, “además del fraude mismo, buscamos indagar en las administraciones que se están haciendo de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, en términos de los procesos de postulación de proyectos, procedimientos de selección y adjudicación de los mismos, y obviamente de control del gasto".
Tras el ingreso, el diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la Comisión de Defensa, señaló que “los diputados no podemos eludir nuestra función fiscalizadora. Lo más importante es que las conclusiones que resulten del trabajo de estas Comisiones, produzcan cambios en la manera de hacer las cosas y se generen propuestas de modificaciones legales y administrativas que mejoren la eficiencia, eficacia y transparencia de las instituciones del Estado".
“Esto no debe ser visto como un ataque al Ejército, pues, hasta ahora, es un grupo pequeño quien se aprovechó del sistema. Estas situaciones son lamentables y deben transformarse en una oportunidad para mejorar los sistemas de control, que en esta caso eran absolutamente deficientes”.
Pilowsky precisó, además, que “las faltas de control que existieron en materia de Ley Reservada del Cobre, hace necesario poder realizar todas las modificaciones para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, por lo que le hago un llamado al gobierno para que acelere la discusión para modificar esta ley hacia un reglamento que permita el equilibrio y estabilidad en el financiamiento a las FF.AA, pero que también contenga sistemas de control democráticos en Contraloría y en el parlamento".
Procesos judiciales que entrarán en curso
Los hechos ocurridos han dado lugar a dos procedimientos judiciales:
Uno en la justicia militar, donde se involucra a los dos funcionarios del Ejército antes señalados, intruído por la fiscal militar Paola Jofré, de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. El otro, en la justicia civil, que involucra al proveedor que facilitó las facturas por servicios no prestados, liderado por la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte.
Ambas causas procesan a los implicados por fraude al fisco, mientras que los militares deben responder además en su calidad de funcionarios públicos.
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa civil, por medio del abogado Raúl Llanos, quien sostiene que la investigación debe remontarse al menos hasta el año 2013, dado que el mismo coronel Montero, habría reconocido que entre julio y noviembre de ese año habrían “repetido” la operación, por montos similares a los ya investigadas. De comprobarse aquella declaración, el perjuicio para el fisco ascendería a un monto aproximado a los 300 o 400 millones de pesos.
