La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, este lunes, el proyecto de ley que propone una Pensión Garantizada Universal (PGU), con el financiamiento del impuesto a los grandes patrimonios, más conocido como impuesto a los “súper ricos”.
La norma aprobada en particular en la cámara baja ahora debe ser analizada por el Senado, donde podría sufrir modificaciones importantes y donde se espera que el gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo sobre cómo financiar el proyecto.
Por solicitud de los diputados y diputados se realizó una votación separada del proyecto en general y su financiamiento. Por aprobar la PGU, los 130 parlamentarios en sala estuvieron a favor, mientras que en el caso del impuesto a los “súper ricos” para financiarlo la mayoría se obtuvo con 98 votos a favor, y 29 en contra.
En un comienzo, la idea presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera proponía una Pensión Garantizada Universal (PGU) de 185 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años y que pertenezcan al 90 por ciento de la población más vulnerable.
Sin embargo, para financiar este gasto fiscal se proponía que un porcentaje lo pagaría el Programa Financiero que está contemplado en la Ley de Presupuestos 2022, otra el Fondo de Reserva de Pensiones, y el resto con exenciones tributarias.
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Desde la centroizquierda y la izquierda han dicho que este último punto es insuficiente y que se requiere de un ingreso permanente, como el impuesto a los “súper ricos” u otras alternativas.
Este impuesto a las grandes fortunas había sido rechazado anteriormente en la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque fue repuesto en el Senado, donde aún espera por ser discutido.
El gobierno se ha mostrado abierto a incluir el royalty minero en el financiamiento para esta norma, sin embargo, desde la oposición, liderados por el Presidente electo, Gabriel Boric, han dicho que este pago al Estado se debe aprobar, pero no para financiar la PGU.
Es por eso que, por mayoría parlamentaria, la oposición logró incluir esta propuesta en el proyecto, aunque desde el oficialismo advirtieron que el Senado deberá volver a modificar la norma y manifestaron su preocupación porque el pago de la PGU no esté listo para febrero, como pretendía el Ejecutivo.
Desde el gobierno incluso hicieron reserva de constitucionalidad en contra de la indicación que propone el impuesto a los "súper ricos", por lo que acudirán al Tribunal Constitucional si este se aprueba.