La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público rechazó la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de remover del caso Corpesca a Emiliano Arias.
El gremio criticó que se invocara el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prohibe a los fiscales emitir opiniones o dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo. Esto luego que Abbott mecionara como causante de su decisión una entrevista concedida por Arias al diario La Tercera.
"Resulta particularmente grave que se tome esta medida, invocando el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, norma que fue modificada recientemente por la llamada Ley de 'Agenda Corta Antidelincuencia' y que, mal interpretada, puede sólo emplearse para privar a la opinión pública de información relevante en casos de alto interés ciudadano", indican desde la Asociación de Fiscales.
En ese sentido, indican que "la interpretación de la norma, no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos, emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación. Menos, es posible considerar una afectación a la normativa, cuando lo que manifiesta el fiscal son expresiones ya expuestas públicamente ante los tribunales de justicia".
En la entrevista, Arias señaló que se investigaban otros casos similares al del senador Jaime Orpis, formalizado por cohecho, delito que se habría cometido durante la tramitación de la actual Ley de Pesca. En ese contexto, el fiscal del caso agregó que "en el proceso de la formación de la ley hay corrupción".
Asimismo, añaden que las declaraciones entregadas por Arias en la entrevista "se aprecian, a simple lectura, como de carácter general", pues solo informarían sobre el curso de la investigación, sin afectar a los involucrados.
Por otra parte apuntan a que Abbott, en su calidad de fiscal nacional, no debiese "utilizar sus potestades para asignar y reasignar causas relevantes para el país, motivando dicha facultad no en mejorar el resultado de las investigaciones en curso, sino como una sanción en contra de un determinado fiscal".
Otra de las críticas que realiza el gremio es contra el comunicado público en que se informó de la salida de Arias del caso, donde acusan "un juicio de reproche" y "expresiones valorativas impropias".
"Muchas veces hemos denunciado la falta de garantías de un debido proceso cuando se investiga a los fiscales, cuestión que es paradójica, ya que son los fiscales los primeros que deben controlar el respeto de los derechos fundamentales de los imputados. Por lo mismo, no terminamos de comprender cómo es posible que llevemos más de una década con un sistema de responsabilidad administrativa de los fiscales que da nulas garantías de racionalidad y justicia", sentencian.
