La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de manera unánime, este martes el proyecto de ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que crea un Estatuto de Protección al Denunciante, en el marco de la Agenda Anti Abusos. El proyecto, que contó con 130 votos a favor, ahora deberá ser discutido y votado en el Senado.
La iniciativa crea un canal digital de denuncias, que operará en la Contraloría General de la República, para que cualquier persona natural o funcionario público pueda denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado, en caso de estar en conocimiento de ellos.
El proyecto, para estos fines, le otorga el derecho al denunciante de solicitar la reserva total de su identidad, lo cual es esencial para protegerlo de eventuales actos de represalias u hostigamientos, según dice el proyecto del gobierno.
Luego, una vez revisada la denuncia por la Contraloría General de la República, ésta podrá ordenar investigaciones o sumarios, y si los hechos revistieren carácter de delito, tendrá que ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, en cuyo caso, deberá siempre mantener la reserva de identidad de la persona que efectuó la denuncia, en caso de haber sido solicitada.
Asimismo, si el denunciante fuera un funcionario público (de planta, contrata u honorarios), este podrá solicitar que la Controlaría disponga medidas de protección adicionales, con el objeto de prevenir actos que afecten su indemnidad o estabilidad laboral.
En esa dirección, la iniciativa castiga hasta con la destitución a aquellos funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.
Respecto a su espectro de aplicación, el proyecto incluye a todas las instituciones descritas por el artículo 1º de las Bases Generales de la Administración Pública, es decir: ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de una función administrativa, incluidas las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, los gobiernos regionales y las municipalidades, que se encuentren sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Tras la aprobación del proyecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dijo que “la batalla contra la corrupción continúa”. “Hace dos años, se aprobó el Estatuto Anticorrupción, para terminar con la impunidad de los delincuentes de cuello y corbata”, agregó.
