La liberación del acta del consejo del Instituto de Derechos Humanos (INDH), de fecha 10 de junio, podría traer coletazos en la investigación de la Fiscalía Centro Norte en que se indagan las supuestas interceptaciones irregulares por parte del Ejército a periodistas y denunciantes del fraude al interior de la institución militar.
El caso de espionaje fue bautizado al interior del Ejército como “Operación Topógrafo”, situación que es indagada desde el 2019 por el Ministerio Público. Sin embargo, por estos días el caso repercute en la Corte Suprema, luego de que Ciper revelara conversaciones entre un exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete -imputado en la causa por autorizar las interceptaciones-, y el exministro de Defensa, Mario Desbordes, y los ministros de la Corte Suprema, Maria Teresa Letelier, y Mario Carroza.
La publicación se basó en un informe de la PDI en que se transcribieron las conversaciones de WhatsApp del exjuez Poblete, lo que motivó a que el INDH se querellara por tráfico de influencias, apuntando al exministro Desbordes y la jueza de la Suprema, María Teresa Letelier.
El acta del Instituto, en que se discutió la presentación de la querella, quedó constancia de cómo se tomó la decisión: “El coordinador nacional de litigio agrega que el día martes en la tarde llegó desde Fiscalía el informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI, hecho con ocasión de la causa "Operación Topógrafo" y de la "Operación W" sobre interceptaciones telefónicas espurias al periodista Mauricio Weibel, a Rafael Harvey y otros denunciantes de corrupción y funcionarios del Ejército, en la cual el Instituto es querellante”, dice el documento.
En el texto se consigna que en el celular de Poblete “se logró rescatar mucha información desde el celular, en el que se encontraron conversaciones de WhatsApp bastante delicadas y es por esto que el Fiscal abrió este informe, que llegó a todos los querellantes de la causa (…) A lo anterior el Fiscal de la causa, Sr. Jaime Retamal, le señaló que justamente por aquello compartió el informe. Luego, bajo reserva le informó que, atendido a los hechos, había tenido que elevarlo a la Fiscalía Regional y que el Fiscal Armendáriz lo había elevado a la Fiscalía Nacional y en estos momentos está asignado a un abogado asesor de la misma, de la Unidad Anticorrupción para estudiar los hechos de corrupción involucrados”.
Es a partir de esto que el abogado del exjefe de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal –quien se encuentra en prisión preventiva tras imputarle el hecho de solicitar la interceptación ilegal-, Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de nulidad para anular la resolución que mantuvo la medida cautelar más gravosa de su representado, pues como defensa no accedieron al informe de la PDI al mismo tiempo que el INDH.
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Para Manríquez, los antecedentes expuestos en el informe fueron utilizados para mantener la prisión preventiva de Nazal, lo cual se discutió en audiencia, sin este antes tener el informe en cuestión.
“Ocurre que el INDH y sus consejeros tenían en su poder el informe PDI varios días antes al que se dio a conocer con una interpelación al ex Ministro Mario Desbordes. Sin embargo, el fiscal Retamal se lo comparte ‘en reserva’ solo a los querellantes sin haberlo hecho llegar a este abogado defensor, que lo recibió la tarde anterior a la audiencia de revisión de la medida cautelar que pesa sobre el Gral. (R) Shafik Nazal, imputado en dicha causa, que revisamos el 6 de junio. Eso es una deslealtad procesal”, dijo Manríquez.
En esa misma línea agregó que “lo que buscan claramente es afectar la posición de algunos litigantes, dejándolos en notoria desigualdad de armas e inferioridad numérica en los debates. Esta práctica debe ser reprochada, porque es un atentado gravísimo al núcleo del debido proceso y a la igualdad de armas procesales”.
