En el oficialismo admiten que es un tema que preocupa. La figura del Presidente Sebastián Piñera incluso al terminar esta administración, el próximo 11 de marzo de 2022, advierten, podría seguir siendo cuestionada por los hechos que marcaron el estallido social en Chile del 18 de octubre de 2019.
Las alertas sobre eventuales querellas internacionales que pudieran pesar sobre el rol del mandatario durante distintos episodios que se dieron en las manifestaciones -como por ejemplo las heridas oculares a 460 personas, cifra otorgada por el Instituto de Derechos Humanos- se empezaron a dar desde noviembre de 2019 de parte de abogados expertos e incluso de parlamentarios oficialistas. Dicen que entonces La Moneda tomó nota, pero “no hubo mayor alarma”.
Así, no fue hasta hace un mes que el tema ha comenzado a calar más hondo en la derecha. ¿Es posible que Piñera sea enjuiciado internacionalmente por violaciones a los Derechos Humanos?
El Partido Comunista, en enero pasado, anunció que presentaría una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya en contra de Sebastián Piñera por la crisis social. Sin embargo, no fue hasta el pasado 29 de abril que se materializó la entrega de un escrito ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, por parte del exjuez español Baltazar Garzón y su fundación, la comisión chilena de DD.HH., la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Recerca ed Elaborazione per la Democrazia. En este requerimiento argumentan que en Chile se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el estallido de manera “sistemática y generalizada”.
¿Por qué entrega de antecedentes y no una denuncia como tal? Solo los Estados pueden hacer denuncias formales ante la CPI, por lo que la acción atingente en este caso es entregar antecedentes ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (OTP). Luego, la fiscal puede determinar o no si la investigación tiene bases serias; al considerarlo así, entonces, recién se abre un examen preliminar del caso.
“La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, dijo Garzón a Ciper al presentar sus argumentos en contra de Piñera ante la Corte.
Si bien al Presidente Piñera aún no le corresponde formar un equipo para una eventual defensa ante La Haya, pues no existe una denuncia como tal, La Moneda sí ha recabado información y ha solicitado opiniones de expertos en la materia para avizorar los distintos escenarios que se puedan dar.
Violaciones a los DD.HH.: sistematicidad versus omisión
Según la información recabada por T13.CL, abogados expertos en Derechos Humanos han dado cuenta de al menos tres riesgos para Sebastián Piñera en caso de que la entrega de antecedentes prosperen ante la CPI.
El primer riesgo: que se apele la sistematicidad de crímenes por parte de agentes del Estado a los ciudadanos durante el estallido social por “omisión”. Una tesis que ya ha rondado incluso en Chile en palabras del integrante del consejo del Instituto de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, quien ha remarcado que los hechos en contra de manifestantes por parte de la policía se repetían y, peor aún, no se corregían. Justamente preocupa que esa idea pueda resonar en los antecedentes entregados a la CPI.
Frente a este argumento, en La Moneda subrayan que el Presidente Piñera tiene a su favor distintas voces de expertos que han afirmado que lo ocurrido en el 18-O no constituyente violaciones a los DD.HH. de manera generalizada.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, por ejemplo, dijo el 4 de mayo pasado: “Mi opinión jurídica y profesional, conociendo lo que ocurrió en Chile, es que efectivamente se produjeron violaciones graves a los DD.HH., pero no se dan las condiciones de crímenes de lesa humanidad”. En radio Duna agregó que los intentos de denuncias ante la Corte Penal Internacional “no tiene fundamentos” y que, “si bien se han cometido violaciones a los DD.HH., no hay un ataque generalizado sistemático contra la población civil”.
El abogado Francisco Cox, experto en Derechos Humanos -quien además ha litigado ante la CPI como consejero de víctimas en el caso Ongwen-, ya en 2019 dio su punto de vista en La Tercera: “No creo que el Presidente tenga responsabilidad penal internacional. Tendría que ser una política de violaciones sistemática a los Derechos Humanos, y esto es súper interesante, porque si ves el estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, lo que dice es que esa política generalmente tiene que ser activa y excepcionalísimamente puede ser omisiva, pero esa omisión tiene que ser voluntaria”.
Eventual congelamiento de bienes del investigado
El segundo riesgo: que se provoque un giro jurisprudencial ante el “protagonismo” que está teniendo América Latina respecto de denuncias en la CPI como es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil por el manejo de la pandemia; en Colombia por la historia de guerrillas que ha quejado a ese país; y, en Venezuela, ante su delicada situación social, y, por ende, Chile también cause el interés de la Corte en este escenario.
Ahora bien, hay datos sobre la mesa respecto al destino que toman las entregas de antecedentes ante la CPI. Entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020, la CPI recibió 813 comunicaciones de antecedentes, como los que en abril pasado entregaron sobre Chile y el estallido, y el rol del Presidente Piñera. De esas 813, 612 fueron desechadas por corresponder a situaciones que se encontraban fuera de la competencia de la Corte; 104, en tanto, estaban ligadas a situaciones bajo examen preliminar; mientras 71 de ellas se encontraban en etapa de investigación o juicio, y solo 26 requirieron mayor análisis.
Esos números están igualmente en los antecedentes que maneja La Moneda respecto a las acusaciones que podrían pesar sobre el Presidente.
El tercer y cuarto riesgo van de la mano, dicen conocedores de la materia. Dada la extensión que experimentan esos casos ante la CPI -se habla de seis años para la situación de Chile en caso de que se abra un examen preliminar-, eso coarte la libertad de desplazamiento de Sebastián Piñera posgobierno. Y que, en paralelo, la Corte pueda requerir el congelamiento de sus bienes, en vista del antecedente de que el actual mandatario y su familia son parte de la lista de millonarios de Chile. Asimismo, se recalca que una autoridad al dejar el poder aún puede ser imputada.
¿Por qué se congelan los bienes? Como una manera de la Corte de asegurar el pago de indemnizaciones una vez concretada la condena.
Un caso que se recuerda entre los expertos fue del exvicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba, un político millonario entonces acusado ante la CPI por crímenes de guerra y contra la humanidad; juicio que comenzó en 2010 y que se prolongó por ocho años. Bemba estuvo sometido a investigación y, mientras, le fueron congelados sus bienes durante todo ese periodo.
“Uno de los riesgos de esta investigación es que incluso se pueda hacer la solicitud previa de congelamiento de bienes de Sebastián Piñera en la etapa de investigación, si esta se abriera formalmente”, dice a T13.CL el abogado especialista en derecho penal internacional, Juan Carlos Manríquez, quien, además, al igual que Cox, ha sido consultado por La Moneda sobre las denuncias que aquejan al Presidente Piñera. Manríquez, de hecho, es el único chileno aceptado como litigante defensor ante la CPI.
Sobre los plazos de la Corte, Manríquez explica que estos son extensos. “La etapa previa de recepción, registro, y eventual traspaso a la fiscalía de la Corte para análisis preliminar de si una denuncia puede o no ser admitida o si tiene base de seriedad, gravedad y contundencia -que ameriten pasar el estudio de la jurisdicción-, puede tomar meses y en algunos casos hasta años. Si se decide iniciar una investigación, la fiscalía pide autorización a una de las salas de investigación preliminar y, desde ese minuto, la investigación es oficial y tiene a un indagado en calidad de imputado”, asegura el abogado.
Actuación de la justicia internacional en paralelo
Según el Estatuto de Roma, la justicia internacional puede actuar como complementariedad en casos cuando el Estado “no puede o no ha querido actuar con su jurisdicción interna”. Ese antecedente también está sobre la mesa de los abogados que han analizado los riesgos de la situación judicial internacional del Presidente Piñera.
En ese sentido, está a la vista el hecho de que, de acuerdo con lo reportado por Ciper, hasta el 28 de enero de 2021, el Ministerio Público cerró sin formalizados el 48% de los casos de violación a los Derechos Humanos ocurridos durante el estallido social.
A principios de este mes, de hecho, según informó La Tercera, el fiscal nacional, Jorge Abbott, pidió a los fiscales revisar las causas archivadas de Derechos Humanos durante la crisis social, lo que abrió una tensión en el Ministerio Público.
En Chile Vamos reconocen que es un tema preocupante que la justicia nacional no avance con rapidez en medio de las denuncias que existen cruzando la frontera, justamente ante la CPI, pues esta podría ser una razón de peso para que finalmente la fiscal Bensouda abra un examen preliminar de Chile.
Los guiños de Piñera
Esta semana, el Presidente Piñera hizo un guiño a la situación de Derechos Humanos durante su última cuenta pública ante el Congreso Nacional. E incluso realizó un recuento de las acciones del gobierno durante el Estado de Emergencia durante el estallido social. El mandatario recordó, asimismo, que invitó a organismos internacionales de DD.HH. a observar lo que ocurría en el país.
“Es verdad, hubo casos donde no se respetaron los protocolos, reglamentos e instrucciones recibidas y se cometieron delitos, abusos y atropellos. Nuestra política, en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, fue siempre condenar categóricamente estos hechos, ordenar el inicio de los sumarios administrativos y la aplicación de sanciones correspondientes, y que se pusieran todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, para que fueran investigados por la Fiscalía, y cuando correspondiere, juzgados y sancionados por los Tribunales de Justicia, de acuerdo a la Ley y respetando el debido proceso, como corresponde en un Estado de Derecho”, dijo este martes 1 de junio.
En esa línea, hizo tres anuncios: la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los DD.HH, el aumento de recursos para el Instituto Nacional de DD.HH. y la Defensoría de la Niñez.
Al día siguiente, en tanto, el Presidente, en entrevista con TVN, fue consultado por los casos de violaciones a los DD.HH.
“Denunciar es un pedazo de papel. No significa nada. No es una prueba, no es un fundamento. Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional no hay ninguna denuncia, hay una comunicación. Yo estoy tranquilo con mi conciencia”, señaló Piñera. Y agregó: “Una cosa es cuando hay una política institucional, que nunca la hubo. Otra cosa es que alguien -y por supuesto ocurrió- no cumpla los protocolos, las reglas y cometa esos atropellos o abusos. Pero qué corresponde en una democracia: que lo investigue la Fiscalía y que lo juzguen los tribunales. Eso es lo que hemos hecho”.
En esa misma entrevista recalcó sus anuncios sobre DD.HH, que realizó en su cuenta pública.
Un temor: el posicionamiento de Jadue
En Palacio, en tanto, también relevan dos puntos sobre la entrega de antecedentes ante la CPI: quiénes son los grupos que otorgaron esta comunicación ante el tribunal internacional y el mérito de los argumentos.
Así, dicen que es crucial aterrizar que la entrega de antecedentes fue hecha por Baltazar Garzón, por un lado, que, recuerdan, en enero de 2020 vino a Chile y se instaló en la Plaza Baquedano para observar las manifestaciones mientras era flanqueado por la llamada primera línea. En ese momento, Chile Vamos rechazó que Garzón llamara “héroes” a los integrantes de esos grupos, según el oficialismo, “radicalizados”.
En esa línea, afirman en Palacio, la comisión chilena de DD.HH., que presentó en conjunto con Garzón estos antecedentes ante la CPI, estaría cooptada por el Partido Comunista. En ese sentido, añaden, son acusaciones de grupos radicalizados que no creen realmente en los DD.HH. porque son los mismos que han amparado regímenes como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Respecto al mérito de los argumentos de la presentación de antecedentes ante la CPI, dicen, es debatible, pues mezcla otros hechos que ocurrieron en el país como la muerte del malabarista en Panguipulli ocurrida en enero de 2021.
¿Cómo podría avanzar la “comunicación” ante la CPI sobre Piñera? Más allá de la extensión de los plazos, hay un punto político que preocupa al oficialismo.
El posicionamiento ciudadano que ha alcanzado el alcalde comunista Daniel Jadue en encuestas presidenciales -este 18 de julio se medirá en una primaria contra Gabriel Boric- es un elemento que pesaría en este caso. ¿Cuál será el objetivo central de un eventual gobierno comunista en Chile?, se preguntan en la derecha. “Obviamente perseguir hasta el final a Sebastián Piñera por los casos de DD.HH durante el estallido”, analizan tanto en el oficialismo como en Palacio. En todo caso, en La Moneda insisten en que están “tranquilos”.
Ahora bien, a la vista de los antecedentes jurídicos, la fiscal Bensouda deja su cargo en la Corte en junio, y en julio asume el abogado inglés Karim Khan. Así, los expertos dicen que, entonces, lo esperado es que este caso de Chile lo aborde el nuevo fiscal. Solo desde julio en adelante, agregan, podría haber novedades.
