En la misma tarde en que bancadas de oposición anunciaron una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, el gobierno rechazó la apertura de un juicio político respecto a la compraventa de minera Dominga en el año 2011.
Según reportajes de Ciper y LaBot que forman parte de la investigación internacional Pandora Papers, la familia Piñera realizó el traspaso en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes y en el contrato se incluyó una cláusula que supeditaba un pago (el tercero) a que no hubiera cambios regulatorios en Chile.
Piñera aseguró que los hechos eran ya conocidos y que no había ninguna irregularidad, argumentando que "fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los Tribunales de Justicia durante el año 2017". La misma versión fue reiterada por el vocero Jaime Bellolio.
Tras conocerse la puesta en marcha de la acusación constitucional en la Cámara, Bellolio enfatizó que está "basada en una mentira" y apuntó a "razones políticas".
Pandora Papers: Bancadas de oposición anuncian acusación constitucional contra Presidente Piñera
"No hay ningún hecho nuevo ni ningún papel nuevo", agregó Bellolio que además aludió al proceso judicial impulsado por Hugo Gutiérrez (ex diputado PC): "La misma corte ratifica al diputado querellante a pagar las costas".
También habló de los próximos pasos a seguir: "Esperamos primero que no la presenten, que se den cuenta del daño que le están haciendo al actual Presidente, a los anteriores Presidentes y a los futuros Presidentes".
Luego vino el llamado a las diputados y diputados que deben seguir el procedimiento: "Esperamos que todos los parlamentarios no radicales, que creen en la democracia, rechacen cualquier tipo de acusación basada en una mentira".
La acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por la compraventa de minera Dominga fue anunciada este martes por diputados de oposición. Según se indicó, el libelo se presentará por infringir el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria. El juicio político podría terminar con la destitución del mandatario y de acuerdo al parlamentario Daniel Núñez (PC), la idea es que se vote antes de las elecciones de noviembre.
