El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió, este viernes, a la acusación constitucional que presentarán diputados de oposición en su contra por exponer “permanentemente la seguridad y la salud de las diferentes escuelas, liceos y jardines" del país. El secretario de Estado le bajó el perfil a la situación y aseguró que "no quita el sueño, pero quita tiempo”.
En conversación con radio Duna, Figueroa criticó a los representantes del Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), quienes anunciaron que respaldarían esta acusación y los acusó de utilizar esta herramienta de juicio político, precisamente, “con fines políticos”.
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“Hoy el esfuerzo del ministerio, del mismo Congreso, de todo el país tiene que estar en cómo aseguramos las mejores condiciones para darle continuidad al proceso educativo de nuestros niños y jóvenes y este tipo de acusaciones lo que hace es desviar el esfuerzo, desviar el tiempo y eso termina en desmedro de los mismos niños”, dijo Figueroa.
“Yo soy muy respetuoso de las atribuciones del Congreso, los diputados sabrán cómo las ejercen, pero lo que sí está claro es que obliga a dedicarle tiempo, esfuerzo, y eso va en desmedro del bienestar de los niños. Y creo que hoy día a todos los chilenos lo que les interesa es que como país pongamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, en cómo favorecer el proceso educativo de los niños y jóvenes que se ha visto tan perjudicado durante este tiempo”, agregó.
Figueroa también hizo la misma crítica hecha por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, en Tele13 Radio, quien se refirió a las anteriores acusaciones constitucionales a los exministros Jaime Mañalich, Víctor Pérez y Andrés Chadwick, y a la también exministra de Educación, Marcela Cubillos, y aseguró que estas se han convertido en una herramienta que ha dejado de tener sentido.
“Evidentemente, ha ido quedando en evidencia que se ha utilizado la herramienta de la acusación constitucional con fines precisamente políticos y distorsionando en definitiva ese instrumento. Un instrumento que es de fiscalización extrema, de último arrase, cuando no hay nada más que hacer en términos de fiscalización parlamentaria y en cada uno de los casos lo que ha pasado es que se desvía el esfuerzo de la política pública hacia un mecanismo que tiene otro objetivo y que en definitiva termina distorsionando no solo las relaciones”, opinó Figueroa.