En la tarde de este jueves, siete presidente de partidos de la Nueva Mayoría y de la Oposición, difundieron una declaración de seis puntos, en medio del debate por un avance institucional para marcar distancia en la relación entre la política y los negocios.
Justamente en una semana en que la Fiscalía ha desplegado nuevas diligencias, como la recepción del testimonio de la senadora Ena von Baer (UDI), los timoneles dieron a conocer una misiva en la que realizan un mea culpa, plantean definiciones conjuntas y proponen medidas para avanzar en unidad.
La declaración está firmada por: Osvaldo Andrade, Presidente del Partido Socialista; Javier Macaya,Presidente de Partido Unión Demócrata Independiente; Cristian Monckeberg, Presidente Partido Renovación Nacional; Jaime Quintana, Presidente del Partido Por la Democracia; Guillermo Teillier, Presidente Partido Comunista; Ernesto Velasco, Presidente Partido Radical Social Demócrata e Ignacio Walker, Presidente Partido Demócrata Cristiana.
Entre quienes no suscribieron el planteamiento se cuentan la Izquierda Ciudadana, el MAS, Amplitud y Evópolo. Varios de ellos expresaron su desacuerdo con delinear un texto, en la manera en que se estaba abordando.
De los puntos claves de la declaración, se resalta el reconocimiento de la figura de la Presidenta Michelle Bachelet como actor clave en medio de la crisis, junto con efectuar un mea culpa al rol de las colectividades en la problemática transversal.
Reconocemos en la Presidenta Bachelet, en su calidad de Jefa de Estado, un actor central y articulador de aquellas iniciativas que nos permiten abordar los desafíos que nos plantea la construcción de esta nueva institucionalidad.
Revisa la declaración completa de los timoneles del oficialismo:
1.- Asumimos la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética, en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos políticos, de gobierno y oposición. Asumimos nuestra propia responsabilidad en estos hechos, y el compromiso de superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Nuestro mea culpa es transversal, sin apuntar a nadie con el dedo y esperamos que cada cual asuma su propia responsabilidad.
2.- Respaldamos y valoramos la labor de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción y asumimos desde ya sus conclusiones como un paso importante para impulsar aquellas iniciativas legislativas que sean necesarias, en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad sobre probidad y transparencia.
3.- Reconocemos en la Presidenta Bachelet, en su calidad de Jefa de Estado, un actor central y articulador de aquellas iniciativas que nos permiten abordar los desafíos que nos plantea la construcción de esta nueva institucionalidad.
4.- Concentraremos los esfuerzos legislativos en la labor de la Comisión Especial sobre Probidad y Transparencia, creada recientemente en el Senado, y la correspondiente de la Cámara de Diputados, para tramitar aquellos proyectos de ley y mociones parlamentarias que sean conducentes al objetivo señalado, en el más breve plazo.
5.- Somos respetuosos de la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial en la investigación de delitos y la determinación de eventuales responsabilidades que puedan surgir de los procesos de que conocen y en consecuencia no respaldaremos ningún tipo de impunidad. Somos respetuosos también de la acción del Servicio de Impuestos Internos, del Congreso Nacional, del Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría General de la República, y de todas las instituciones que conforman el Estado de Chile. Esta es la hora de las instituciones. Es nuestra convicción de que Chile cuenta con recursos institucionales para hacer frente a la grave situación que compromete la credibilidad de las autoridades, públicas y privadas.
6.- Hay todo un campo de acción para la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, las universidades, las Iglesias y, en general, todas aquellas organizaciones e instituciones que constituyen el tejido social de Chile, cuya voz debe ser escuchada.
