Por Lorena Ferraro
A fines de agosto, y tras casi cinco meses de discusión, los senadores de la comisión de Salud votarían el proyecto del gobierno para la despenalización del aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.
La iniciativa fue despachada por la Cámara de Diputados a mediados de marzo, y desde abril la comisión que lidera la senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, se ha abocado a escuchar las intervenciones de decenas de organizaciones y representantes a favor y en contra del proyecto.
El tiempo que se destinó a recoger la opinión de los expositores fue cuestionado en su minuto por representantes de la Nueva Mayoría en la comisión como Fulvio Rossi (PS) y Guido Girardi, quienes acusaron un intento de dilación.
En su recta final ya en Salud, una vez votado por la comisión el proyecto deberá pasar a manos de los miembros de Constitución, quienes tendrán que revisarlo antes de su ingreso a Sala.
Desde el Ejecutivo han expresado su intención de que el proyecto de despenalización del aborto se transforme en ley antes del término del período legislativo (enero) y que la discusión general (en Sala) se realice antes de las municipales del 23 de octubre, generando tensiones en el oficialismo.
Mientras sectores como el PS, el PPD y los comunistas (que no tienen respresentación en el Senado) apelan a un debate expedito previo a las elecciones de octubre próximo, desde la DC han expresado al Ejecutivo su inquietud al respecto, y la inconvenicencia -a su entender- de que se expongan públicamente las posturas divergentes de la Nueva Mayoría en periodo electoral. Según sus socios de pacto, lo anterior obligaría a la falange a "salir al pizarrón" en pleno periodo electoral.
Plazos en duda
Con todo, la polémica sobre la celeridad del proyecto del aborto se reabrirá nuevamente una vez que la iniciativa pase a Constitución. Esto, luego de que el presidente de la instancia, el independiente y ex DC Pedro Araya, asegurara que la comisión está con una "sobrecarga de trabajo" y pusiera en duda el cumplimiento de los plazos a los que aspira el Ejecutivo.
"Lo que ellos (el gobierno) me manifestaron es que tenían interés en que el proyecto de aborto fuera visto rápidamente en la Sala del Senado y eso implica que tenía que pasar por Constitución en septiembre u octubre. Eso no sería posible, porque la comisión está funcionando un día para el proyecto del Sernac, otro día en el proyecto de sistema de entrevistas videograbadas para los menores que han sido víctima de abuso sexual; el que tipifica el delito de tortura, la corrupción entre privados, proyectos bastante complejos que hoy día la comisión ya está abocada a conocer", explicó Araya a T13.cl.
En ese contexto, el senador dijo que "lo primero es que el gobierno tiene que ordenar la agenda legislativa, la comisión está absolutamete sobrecargada y tiene esos proyectos que son complejos y que el propio gobierno definió como prioritarios". Por ello, explicitó que para que el aborto se discuta con celeridad, es el Ejecutivo el que deberá determinar si le otorga algún tipo de urgencia.
Según el parlamentario, "si el gobierno quiere adelantar la discusión del aborto, significaría que tendría que utilizar las urgencias (...) Lo que tiene que haber es una decisión de prioridad del gobierno en términos legislativos sobre qué les interesa que salga primero".
Además de Araya, la comisión está integrada por dos senadores de Chile Vamos: Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN), además de dos miembros de la Nueva Mayoría, Alfonso de Urresti (PS) y Felipe Harboe (PPD), por lo que su postura será clave en los tiempos de despacho del aborto, augurando un enfrentamiento en la comisión.
En ese contexto, el gobierno ha hecho gestiones con Araya buscando despejar el avance del proyecto en Constitución. “Hemos conversado con algunos asesores de Gobierno y he manifestado que es necesario que el Gobierno ordene la agenda legislativa, porque teníamos un cronograma de trabajo con tiempo acotado de cómo podíamos avanzar en una cantidad de proyectos y el de aborto obviamente entra a alterar todo ese calendario que teníamos fijado”, explicitó el senador.
Divisiones internas
La determinación de Araya ya comenzó a generar roces al interior de la instancia. El senador De Urresti tomó distancia de la postura del independiente y aseguró que es posible una reorganización del trabajo para debatir con prontitud el proyecto de La Moneda que despenaliza la interrupción del embarazo.
"Podemos hacer el esfuerzo y compatibilizar todos los proyectos que se están viendo con este que tiene también una prioridad importante para la ciudadanía", dijo a T13.cl.
"La comisión de Constitución no puede ser obstáculo para un debate tan importante como es la ley de aborto. Además es parte del programa de gobierno y creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder despacharla. Contarán con mi respaldo para votar esa ley y poder cumplir el compromiso que hizo la Presidenta con los electores", agregó.
Desde la otra vereda, Larraín (timonel de la UDI), planteó que "es un proyecto demasiado importante, que además no tiene una urgencia demasiado explicable para poder avanzar sin todos los estudios pertinentes. Así que esperamos que en esto se discuta y se hagan las cosas bien para no tener que pagara consecuencias nefastas el día de mañana".
El senador, además, asegura que la comisión deberá revisar exhaustivamente la iniciativa considerando que para algunos tiene reparos de constitucionalidad.
"El proyecto no debe entrar a Sala sin haber sino analizado previamente por la comisión, porque hay muchos que están planteando, incluso recientemente la senadora Soledad Alvear (DC) y sus asesores, han planteado que este proyecto tendría serios proyectos de constitucionalidad, porque está en cuestionamiento aquí el derecho a la vida. Y en ese sentido no es un tema menor que debe ser despejado antes de legislar sobre la materia", explicó.
Alvear, ex ministra de Justicia, la liderado una cruzada cuestionando el proyecto de La Moneda, e incluso e los últimos días desde su equipo de asesores en la materia aseguraron que tiene aspectos inconstitucionales, como la "indefensión" en que quedaría la madre.
