Este viernes se desarrolló la cuenta pública del Ministerio Público, la primera que es presentada por el fiscal Jorge Abbott.
Junto con abordar las investigaciones de casos de corrupción y la polémica por la norma anti filtraciones que se discute en el Congreso, Abbott hizo un llamado a modificar la legislación que entrega facultades exclusivas para ejercer acciones al Servicio de Impuestos Internos en temas tributarios, así como a la Fiscalía Nacional Económica en materias de mercado como la colusión.
En ella Abbott planteó el contraste que se produce entre los delitos contra la propiedad y aquellos denominados como de “cuello y corbata donde el Ministerio Público “no puede iniciar investigaciones de oficio en este tipo de delincuencia, sino que ve supeditado su actuar a la interposición de querellas o denuncias de autoridades de la Administración Pública del Estado, acciones penales cuya presentación puede ser incoada u omitida según la apreciación discrecional de dichas autoridades”.
El fiscal fue enfático en que “comprendemos que el Legislador, si así lo estima conveniente, dote a determinados servicios públicos, en atención a sus competencias especializadas, de la facultad de presentar querellas o denuncias para promover el inicio del procedimiento penal”.
Sin embargo, planteó que “en lo que sí estamos en desacuerdo es que el ejercicio de dichas acciones quede enteramente entregado al arbitrio de funcionarios públicos, sin que exista ningún tipo de control jurisdiccional".
El jefe del Ministerio Público explicó que la idea es que se pueda "recurrir el órgano constitucional llamado a ejercer la acción penal pública reclamando el forzamiento de la denuncia cada vez que estime que existe un interés público prevalente o afecte seriamente la imprescindible coherencia del Estado frente a la investigación y persecución penal”.
"Es preciso solucionar este defecto a través de una reforma legal que permita, en casos de especial gravedad como los que hemos visto durante estos últimos años, controlar las decisiones discrecionales de los organismos, por la vía jurisdiccional”, agregó.
En esa línea, añadió que "sin una modificación como la que se solicita a través de la presente intervención, y atendido el marco legal vigente, no será posible que el Ministerio Público persiga aquellas conductas criminales como lo demanda la ciudadanía".
El requerimiento de Abbott cobra especial relevancia justo un día después de que la Fiscalía haya tenido que desistir de seguir acciones penales contra CMPC y SCA en el caso de la colusión del papel confort.
Esto porque la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó permitirles el acceso a los antecedentes reservados de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), según explicó el fiscal Cristián Galdames.
