Hasta la denominada comisión investigadora "Bancard" de la Cámara de Diputados llegó este miércoles el Superintendente de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez, acompañado del fiscal de Valores, José Antonio Gaspar.
Ambos habían sido invitados en medio de las indagaciones por el negocio que Bancard, family office de Sebastián Piñera, realizó con la pesquera peruana Exalmar: desde 2010, la sociedad chilena compró acciones de la firma limeña, todo mientras Piñera era Presidente de la República y se desarrollaba, en paralelo, el juicio marítimo entre Perú y Chile en la corte de La Haya.
La intervención de Pavez, quien reconoció haber trabajado en Bancard entre 1988 y 1989, antes de llegar a la SVS, no estuvo exenta de polémica.
En el curso de la comisión, el superintendente fue consultado por diputados oficialistas por el funcionamiento de los fideicomisos ciegos. Esto, considerando que Piñera se acogió a dicha figura en 2009, durante la campaña presidencial que lo llevaría a La Moneda al año siguiente. Y a pesar de que el negocio de Bancard y Exalmar no está relacionado con las firmas que fueron incluidas en dicho mandato.
Ante la consulta, Pavez señaló que según las "reglas esenciales", el "intermediario que está a cargo como mandatario de ese cartera de inversiones y que puede tomar decisiones de inversión, bajo esa figura, tiene que reportarle (al mandante) y el mandante tiene derecho a saber en detalle cuáles han sido todas las operaciones que se han realizado", lo cual "puede contemplar tanto inversiones en valores de oferta pública chilenos como en el extranjero".
La frase abrió la puerta para que desde la Nueva Mayoría la diputada PS Daniella Cicardini acusara un "fideicomiso tuerto" por parte de Piñera.
En este contexto, el diputado RN Nicolás Monckeberg -uno de los parlamentarios más cercanos a Piñera- pidió a Pavez aclarar su intervención.
Monckeberg consultó a Pavez si había incurrido en una "confusión". Esto, amparándose en el texto del fideicomiso ciego que suscribió en 2009 Piñera. Según el parlamentario RN, el documento señala que "el mandante ha decidido otorgar un mandato amplio, discrecional, al administador, con la finalidad de que éste administre libremente una cartera de inversiones sin recibir instrucciones de ninguna clase del mandante (...) y sin entregar a éste ninguna información del destino de las inversiones".
La respuesta de Pavez no se hizo esperar. El superintendente señaló que no había caído en "ninguna confusión".
"En su oportunidad, la Superintendencia tuvo que ver con aquello", dijo refiriéndose al fideicomiso suscrito por Piñera.
"Una vez que tuvimos conocimiento por los medios de comunicación o por consultas que se nos presentaron, de que se habían constituido estos mandatos con estas característricas, utilizando la figura de la administración de carteras -que está regulada en la circular 1862- y por disponer tanto la ley como la circular esta obligación de información hacia el mandante, es que pedimos información a las entidades que habían participado, fiscalizadas por la Superintendencia".
En ese sentido, Pavez indicó que se hizo ver directamente que "esa era una claúsula que estaba alejada de las disposiciones regulatorias, por lo tanto, no tenía ningún valor desde ese punto de vista".
A renglón seguido, agregó que "lo que se hizo fue utilizar un mecanismo que iba en contra de una disposición particular, que fue la que estamos mencionando y, por tanto, generó un oficio y una observación por parte de la Superintendencia para que se adecuara a la regulación que estaba vigente (...) y se adecuó".
Una vez finalizada la sesión, a propósito de las palabras del superintendente, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Fuad Chahín (DC) dijo que "el fideicomiso ciego no era ni ciego ni tuerto sino que gozaba de total visión porque a (Piñera) no sólo le permitía conocer de todas sus inversiones, sino que además obligaba los intermediarios a entregárselas".
A su turno, también tras la sesión, Pavez indicó que "otra cosa es si la persona, el mandante, ejerce esa facultad o no. Si el mandante (...) pide o no pide información, es un tema que está fuera del ámbito de regulación de la superintendencia".
En el curso de la investigación, Pavez también señaló que, al tratarse Bancard de una sociedad anónima cerrada "no está registrada" y "por lo tanto no tenemos ningún tipo de información de Bancard y de ninguna entidad del grupo Bancard (...) No está obligada a entregar ningún tipo de información".
Descarta infracción a ley de mercado de valores
Durante su exposición, Pavez también fue consultado por el posible uso de información privilegiada en la operación de Bancard con Exalmar.
Al respecto, el superintendente precisó que la "operación" que se indaga "está fuera del ámbito de regulación y de supervisión de la Superintendencia, por cuanto tuvo lugar fuera del territorio nacional y tiene que ver con una acción emitida por un emisor constituido fuera de Chile, por tanto, no está sujeto a las regulaciones de la ley de marcado de valores".
Sin embargo, precisó que al tratarse de "operaciones con valores que no son de oferta pública, no son emitidos por una entidad que esté registrada en Chile, que esté operando en Chile, por tanto no se puede dar el caso de información privilegiada de la Ley de Mercado de Valores".
Según Pavez, "se podrá dar una firgura distinta que está fuera del ámbito de competencia de la Superintendencia, pero uso de información privilegiada de la Ley de Mercado de Valores no puede ser, porque no estamos hablando de un valor de oferta pública emitido por una entidad sujeta a la Ley de Mercado de Valores".
La semana pasada, en la misma comisión, el jefe de Impuestos Internos, Fernando Barraza, descartó cualquier irregularidad tributaria en el negocio con Exalmar, algo que fue destacado por Chile Vamos y el entorno de Piñera.
