Presidente del Partido Radical cuestiona llegada de Javiera Blanco al CDE
Presidente del Partido Radical cuestiona llegada de Javiera Blanco al CDE
A tres meses y medio de dejar su cargo como ministra de Justicia, Javiera Blanco fue designada por la Presidenta Michelle como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cargo que dura hasta cumplir los 75 años.
En el organismo, Blanco deberá ver varias causas vinculadas a reparticiones dependientes de Justicia, cartera que lideró hasta el 20 de octubre de 2016, cuando dejó el gabinete tras enfrentar varios focos de conflicto, como la crisis del Sename, los errores en el padrón electoral y las altas pensiones para funcionarios de Gendarmería.
Este último caso es uno de los que involucra al CDE, que el 7 de octubre presentó una querella criminal por el tema.
Como sea, la gestión de Blanco en Justicia dejó cuentas pendientes con algunos sectores del oficialismo, desde donde este miércoles criticaron su nombramiento como consejera del organismo que encabeza Juan Ignacio Piña.
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, dijo a T13.cl que "lo ideal hubiese sido una persona menos contaminada por la coyuntura y con un perfil más cercano a lo jurídico".
El timonel del PR aseguró que "en su paso por el ministerio (Blanco) tuvo más de alguna polémica… Podría haberse encontrado un perfil más propio para el cargo".
Hasta la llegada de Blanco a Justicia en mayo de 2015, el ministerio era liderado por el radical José Antonio Gómez. Desde entonces que la relación del partido con la entonces secretaria de Estado experimentó varios episodios de tensión.
Uno de los más complejos fue cuando la ahora ex ministra solicitó la salida del subsecretario de la Segegob, Osvaldo Soto -militante radical- luego de que la criticara públicamente por un caso vinculado a pérdidas de dinero en la Corporación Judicial, entidad que encabezó Soto.
Los consejeros del CDE reciben una remuneración que va entre los 7,6 y los 7,9 millones de pesos y permanecen en su cargo hasta los 75 años, sólo pudiendo ser removidos con acuerdo del Senado. Además, pueden realizar funciones paralelas de carácter privado, ejerciendo su profesión y siendo parte incluso de estudios de abogados.
