Por Lorena Ferraro
Hace poco más de un mes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto al Coordinador de Modernización del Estado de la cartera, Enrique Paris, sostuvieron un encuentro con las mesas de la Cámara de Diputados y del Senado.
En la reunión participaron el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, el timonel de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, el vicepresidente, Gabriel Silber, y los secretarios de ambas corporaciones.
Fue en esa instancia que los representantes del Gobierno y el Poder Ejecutivo acordaron una serie de propuestas concretas para zanjar un debate instalado hace más de un año en el Congreso: cómo fijar los sueldos de altas autoridades y las dietas parlamentarias.
Hoy, los sueldos de senadores ascienden a más de 9 millones 100 mil pesos brutos, similar a los de ministros. Una comparación breve: en el caso de Argentina, los diputados reciben 69 mil pesos argentinos, poco más de 3 millones de pesos chilenos. En España, los diputados reciben alrededor de 2 mil 800 euros, casi 2,1 millones de pesos chilenos. En Brasil, la cifra es de más de 33 mil reales, casi 7 millones de pesos chilenos.
El trabajo entre Hacienda y el Congreso se había iniciado a comienzos de este año, motivado en parte por la crisis de confianza ante la política -que tiene a ambas cámaras con un 84% de desaprobación según la última Adimark-, pero también luego de una serie de iniciativas de los propios parlamentarios abogando por bajar el sueldo de ministros y parlamentarios, que de acuerdo a la Constitución reciben la misma remuneración.
En marzo pasado por primera vez la Cámara de Diputados aprobaba un proyecto de resolución en esa línea. Si bien la iniciativa no era vinculante, se solicitaba a la Presidenta apurar algunos proyectos que buscaban la reducción del sueldo que reciben altas autoridades.
Sin embargo, el trabajo del gobierno y el Congreso tiene otro gran telón de fondo: los costos que acarreará al Poder Legislativo el aumento de parlamentarios a partir de 2018, una vez que comience a regir el nuevo sistema electoral -que reemplazó al binominal- y que implicará la llegada de 35 nuevos diputados y 12 senadores.
El Congreso deberá "apretarse el cinturón" -como reconocen en las presidencias- ya que el aumento no estará acompañado de recursos públicos adicionales, según ha afirmado el Ejecutivo. En esa línea, dicen en las mesas, es urgente buscar medidas que permitan solventar los nuevos gastos.
De acuerdo a fuentes de las mesas del Congreso, existe ya un acuerdo con Hacienda para que este año se proceda al congelamiento del reajuste para las altas autoridades, incluidos los parlamentarios.
En ese contexto, en la reunión entre Valdés y los parlamentarios realizada hace cerca de un mes, las autoridades trazaron por primera vez definiciones concretas para aterrizar mecanismos que permitan crear un nuevo sistema para, a futuro, fijar las remuneraciones de altas autoridades públicas.
Las "propuestas específicas", fueron centralizadas en una minuta, a la que tuvo acceso T13.cl, y que constituye la base de un borrador que prepara Hacienda para que sea analizado por la Presidenta Michelle Bachelet. Esto, de cara a una propuesta oficial por parte del Ejecutivo.
Entre las medidas, el documento propone la creación de una "comisión" autónoma que elabore una propuesta de reajuste que será presentada al Presidente de la República. A eso se suma la intención de asociar parte de la remuneración del parlamentario al cumplimiento de su labor, específicamente a la asistencia a sesiones de sala y comité.
Comisión de "prohombres"
"Encargar a una comisión de 3 miembros, integrada por un ex Contralor, un ex presidente o vicepresidente del Banco Central y un ex ministro de Hacienda, la elaboración de una propuesta de reajuste para ser presentada al Presidente de la República", es la definición que se lee en la minuta.
La instancia ha sido bautizada informalmente por algunos en el Congreso como un comité de "prohombres", y busca que parlamentarios y otras autoridades políticas "no intervengan en el reajuste de su dieta o remuneración".
Como parte de su institucionalidad, se plantea que si bien la comisión no será vinculante, esta será convocada por el Presidente una vez aprobado el reajuste al sector público, y el Mandatario estará "autorizado por ley para fijar un reajuste después de recibir la propuesta de la comisión".
Esto, a diferencia de lo que ocurre hoy, en que el reajuste de dichos sueldos pasa por una votación en el Congreso. "El principio es que no seamos incumbentes", dice un congresista que conoce las conversaciones.
El documento también propone como "techo de reajuste (el) reajuste al sector público" y limita el ajuste a las remunaciones de determinadas autoridades, específicamente al Presidente de la República; ministros, diputados y senadores; subsecretarios; intendentes y gobernadores, y seremis.
La selección no es autojadiza. En el Parlamento reconocen las complejidades de incluir en la lista al Poder Judicial, que a diferencia del resto de las autoridades no es electo por votación popular como el Presidente y los parlamentarios, o designado por el Mandatario, como es el caso por ejemplo de ministros, intendentes y gobernadores.
La exclusión de los jueces, de hecho, fue tratada en la reunión del ministro Valdés con las mesas, y según fuentes parlamentarias se dejó en manos del Ejecutivo la decisión de excluirlos o no definitivamente a los jueces en la propuesta final que debe llegar a manos de Bachelet.
Dieta asociada a "asistencia"
En tanto, en las definiciones fijadas por las autoridades del Ejecutivo con los presidentes de las corporaciones se propone también la "descomposición de la dieta parlamentaria", dividiéndola entre un "componente fijo" y otro "variable", asociado este último a "la asistencia a las sesiones" o alternativamente "establecer por ley la aplicación de multas por inasistencia de los parlamentarios a sesiones de sala y comité".
La idea es amarrar parte del ingreso al comportamiento del legislador. Sin embargo, el documento no establece el porcentaje de la dieta que se vincularía a la asistencia del parlamentario, ni el monto de las eventuales multas. En la actualidad los parlamentarios ya cuentan con sanciones para quienes se ausenten de sesiones de sala y comisiones parlamentarias.
¿Rebajar los sueldos?: decisión presidencial
Más allá de eventuales descuentos en la dieta, en el Congreso varios admiten que el nuevo mecanismo conversado con Hacienda -plasmado en la mencionada minuta- tiene un efecto concreto: la discusión en torno a una eventual rebaja de los sueldos, como han pedido algunos parlamentarios, deberá ser resuelta por la nueva comisión de expertos y, en última instancia, por el Presidente de la República.
Según el diputado ex PPD, Pepe Auth, "lo fundamental es que el Parlamento y el gobierno cumplan de que la expansión de cupos y escaños en la Cámara -producto de la reforma al sistema electoral- no tuviera costo adicional. Y para eso tiene que rebajarse el costo unitario de cada parlamentario al menos en 20%. Y como la Constitución señala que nuestras dietas están en referencia al ingreso de un ministro (...) Es una cuestión de decreto, de decisión presidencial la magnitud de la rebaja. Si la Presidenta se rebaja así misma y a los ministros y subsecretarios, repercute sobre la dieta y por tanto el monto gastado en dietas queda intacto, con una baja de 20%".
A su turno, el senador DC Patricio Walker, ex presidente de la Cámara Alta, indicó que "soy partidario de una fórmula así (la planteada en la minuta con un ex contralor, ex Banco Central y ex Hacienda) porque hoy día mucha gente cree que nosotros nos fijamos los sueldos. Eso no es así, tenemos un sueldo equivalente a un ministro de Estado, pero mientras más imparciales sean las personas que propongan el monto, mejor".
Consultado si ve alguna factibilidad en que se puedan bajar los sueldos, señaló que "no lo sé, no tengo una claridad al respecto. Pero si uno le entrega esta decisión a un ente externo tiene que saber que a uno le pueden rebajar el sueldo y en eso nadie puede reclamar".
En tanto, el vicepresidente del Senado, el PPD Jaime Quintana, indicó que "hoy día las dietas están congeladas, pero no es suficiente cuando buscamos enfrentar los temas de desigualdad. Ya no es un tema simbólico, es una necesidad imperiosa". "El congelamiento fue una buena herramienta pero no parece ser razonable (...) Hoy creo que la manera de resolver este tema es con una reducción".
