Por Pablo Cádiz
Este viernes, al borde del plazo que vencía un día después, el gobierno envió a la Contraloría los estatutos de la futura Universidad de Aysén. El organismo tendrá un plazo de 30 días para tomar razón -validar- el documento, que regulará el funcionamiento la casa de estudios que contempla recibir a sus primeros alumnos en marzo de 2017.
El Ministerio de Educación envió el documento a la Contraloría en medio de la polémica en torno a quien fue designada en 2015 como la rectora de dicha casa de estudios, Roxana Pey, a quien el gobierno le pidió la renuncia la semana pasada, apuntando a que no se encontraba "alineada" con la postura del Ejecutivo en materia de educación superior.
Pey se negó a renunciar y criticó con fuerza las razones entregadas por el Ejecutivo para pedirle el cargo. Frente a esto, La Moneda optó derechamente por destituirla, amparándose en que la ley de creación de la nueva casa de estudios -la misma que regula también a la universidad que se instalará en O'Higgins- consigna que "desde su nombramiento y hasta la publicación de los estatutos de la universidad, el Presidente de la República podrá, por motivos fundados, remover al rector".
Pese a la decisión del Ejecutivo, Pey dijo que se mantendría en su cargo hasta que la Contraloría validara la decisión del gobierno. Y hasta este viernes, el decreto de destitución aún no era visado por el ente contralor, que cuenta con 15 días hábiles para hacerlo desde su ingreso, el pasado 29 de julio.
En medio de este escenario, consultada por T13.cl sobre el envío de los estatutos a Contraloría, Roxana Pey aseguró desconocer los documentos que el gobierno remitió para su toma de razón. Incluso, señaló que hasta ahora no ha recibido respuesta de la última propuesta de estatutos que ella misma elaboró, y que envió vía oficio al Mineduc el pasado 4 de julio.
"No nos han informado absolutamente nada, desconocemos el texto que han enviado. Yo como rectora en ejercicio -hasta la fecha- no he recibido ninguna información al respecto, desde el oficio en que enviamos al ministerio nuestra última versión de estatutos. Desconozco quién está redactando esta última versión, pero no es nadie autorizado por el consejo social de la Universidad de Aysén", señaló la académica a T13.cl.
Roxana Pey agregó que "encuentro muy grave que el ministerio esté actuando fuera de norma, en el sentido que está actuando como si yo no fuera la rectora, siendo que hasta el día de hoy sigo siéndolo. Eso me parece un procedimiento a lo menos cuestionable".
"Esto es un asunto que va más allá de mi persona, la región está cansada de este tipo de tratos centralistas. Un estatuto que la región desconoce -y que viene a enmendar el que aquí se hizo- es francamente inaceptable", indicó.
El documento al que hizo mención la académica fue enviado por ella misma el pasado 4 de julio a la ministra Adriana Delpiano y corresponde a una actualización del proyecto de estatutos enviado el 3 de marzo de este año, documento original que había desatado indignación en el gobierno.
En ese texto, Pey incluyó normas que, según el Mineduc, apuntaban a establecer gratuidad universal para todos los alumnos de la casa de estudios. "No es que haya hecho algo mal o bien, ella tiene una idea de universidad distinta a lo que era la dibujada en el proyecto de reforma de educación superior, sobre todo en materia de gratuidad automática para todos los jóvenes", había dicho días atrás la ministra Delpiano.
Otro de los cuestionamientos del gobierno apuntaba a la incorporación en el estatuto de mecanismos de ingreso especiales para estudiantes de la zona. El Ejecutivo también cuestionó la conformación de un "Consejo Social", con injerencia en la toma de decisiones al interior del plantel.
Pese a los reparos del gobierno, parte de esos ejes se mantienen en la última versión enviada al Mineduc y ante la cual, según la rectora, no ha tenido respuesta. Este es el documento al que accedió T13.
Con todo, en el gobierno -donde consideran que Pey ya fue destituida, al ser notificada formalmente de la decisión- esperan que la Contraloría tome razón de la salida de Pey y luego de los estatutos. Así, la remoción de la rectora se zanjaría antes de la publicación del documento, como señala la norma.
Molestia de Vivaldi
La situación ha generado además molestia en la Universidad de Chile, entidad que actúa como tutora en el proceso de creación de las nuevas casas de estudio.
De hecho, el pasado 1 de agosto el rector Ennio Vivaldi envió un oficio a la ministra Delpiano donde hizo ver su "inquietud" por la falta de respuesta frente a la propuesta de estatutos de ambas casas de estudio, "teniendo en cuenta el plazo fatal de dictación y envío a Contraloría del decreto que aprobará dichos estatutos, que vencerá el 6 de agosto".
"No hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte del ministerio, que nos permita conocer sus opiniones sobre los lineamientos generales y contenidos normativos de ambos textos. Con todo, por una declaración emitida por su repartición recientemente, nos hemos enterado que habría intención del gobierno de depurarlo, a fin de alinearlo a las ideas matrices del proyecto de ley de reforma a la educación superior. En particular nos preocupa no tener conocimiento de eventuales ajustes, considerando que el debate público y parlamentario respecto del contenido del proyecto de reforma recién se ha iniciado y no existe certeza del texto de la ley que en definitiva se aprobará", señala Vivaldi en la misiva a la que accedió T13.cl.
Según dicen en la U. de Chile, en dicha casa de estudios se encuentran analizando incluso los efectos del hecho que el Mineduc enviara a la Contraloría los nuevos estatutos de Aysén sin consultarlos con Vivaldi. Para algunos, ello podría abrir la discusión en torno a la validez de dichos estatutos elaborados por Educación.
En los días previos, Vivaldi había criticado duramente al gobierno por remover a la académica: "Independientemente de la situación técnica de la rectora Pey, es evidente que este gesto confunde y desde el punto de vista de la percepción pública pareciera que efectivamente hubiera una aplicación indebida de una injerencia gubernamental".
Navarro recurre a Contraloría para frenar destituciónConsiderando el plazo de 15 días hábiles, la Contraloría tiene hasta el 22 de agosto para concluir la toma de razón del decreto de destitución de Roxana Pey como rectora de la Universidad de Aysén. Un proceso que se ha visto complicado, entre otras cosas, por el ingreso de requerimientos donde se plantean objeciones a la decisión del gobierno. Uno de estos fue ingresado por el senador y ex timonel del MAS Alejandro Navarro, quien plantea que "los hechos demuestran que existe una decisión gubernamental que riñe contra la autonomía universitaria, y por lo tanto, adolece de legalidad”. Navarro cita un informe de la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile, que sostiene que no habrían motivos “fundados” para remover a la autoridad, pues bajo este concepto sólo se entendería “un actuar deficiente o negligente en las tareas que (al rector/a) le han sido encomendadas para este período inicial de instalación de las universidades”. “No corresponde una solicitud de renuncia por una ‘simple pérdida de confianza' como sería, por ejemplo, discrepar con las políticas del Gobierno de turno”, agrega el informe citado por el senador en su presentación. Esto pues, dice, la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado señala en el inciso tercero de su artículo 40 que “los jefes superiores de servicio son de exclusiva confianza del Presidente de la República, con una sola excepción: los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal”. Consultado por T13.cl, Navarro dice que “no procedería en torno a la definición de autonomía universitaria, y que aun cuando la universidad no tenga estatutos, la jurisprudencia dice que la remoción tiene que ser por motivos fundados y no mera discrecionalidad. Sólo por negligencia puede destituir a un rector”. |
