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Política

Los fallidos intentos para evitar los "papelones" en el padrón electoral

Los fallidos intentos para evitar los "papelones" en el padrón electoral
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Gobierno de Piñera envió dos proyectos para depurar el registro de votantes: uno fue dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional y otro rechazado en la Cámara. El presidente del Servel pide ahora el envío de una nueva ley.

Ya son varios los casos que se han conocido en los últimos días de que sus familiares fallecidos siguen inscritos en el padrón electoral, a menos de tres semanas de las elecciones municipales.

Una historia antigua y que se repite cada vez que los chilenos deben acudir a las urnas. Sin embargo, intentos para solucionar el problema ha habido varios, pero han terminado viendo frustrado su camino.

El 6 de marzo de 2013, el gobierno de Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto para perfeccionar una serie de disposiciones en el marco de la inscripción automática. El texto establecía una fórmula para excluir del padrón electoral a una importante cantidad de votantes que, presumiblemente, podrían haber fallecido. Entre ellos, “quienes teniendo menos de 80 años de edad no hubieren obtenido o renovado su cédula nacional de identidad (...) o su pasaporte en los últimos 21 años". En el caso de los mayores de 80 años, se excluiría del padrón a quienes "no hubieren efectuado dichos trámites, en los últimos 15 años”.

La legislación de dicho proyecto en el Parlamento sorteó de manera positiva todos sus pasos, pero una vez sometido al control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, fue declarado inconstitucional.

La resolución del tribunal, que entonces presidía Raúl Bertelsen, indicó que para que la nueva norma quedara conforme a la Constitución Política, la exclusión del padrón electoral “debiera efectuarse conforme a un procedimiento que posibilitara (...) a quien estuviere vivo y no hubiese renovado sus documentos de identidad durante el período de tiempo que señala la norma, el conocimiento de su exclusión”.

“Ello no ocurre en la disposición legal en examen, la que no contempla una forma de publicidad encaminada derechamente a dar a conocer los nombres de los excluidos, por lo que ha de estimarse que el numeral 5) del artículo 1° del proyecto infringe la garantía constitucional de dar a toda persona una igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, por los que vulnera el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental y , en consecuencia, debe ser suprimido del texto del proyecto de ley”.

En este contexto, las normas actuales impiden al Servel -por su propia cuenta- depurar el padrón electoral, argumento que planteó este martes en Tele13 AM el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Patricio Santamaría. “El Servel no tiene facultades para depurar ni el registro electoral ni los padrones electorales. No tenemos facultades. Hemos luchado por tenerlas”, explicó el directivo.

Más tarde, Santamaría insistió en que “no es responsabilidad del Servicio Electoral", e hizo un llamado a que "se requiere rápidas leyes que permitan, tanto al Registro Civil como al Servel, resolver este tema”.

En ese sentido, el presidente del organismo planteó que la situación de los detenidos desaparecidos que figuran en el padrón debe separarse de los casos de eventuales fallecidos, y recordó que ya hace años se planteó esta fórmula. “Lo que tiene que haber es voluntad política que resuelva esta situación".

Denuncias en redes sociales

Varios son los casos que han trascendido a la opinión pública en los últimos días, que incluyen además a detenidos desaparecidos, como el caso del ex militante del PC, Lenin Díaz, desaparecido hace 40 años y que figura habilitado para sufragar en Vallenar, lo que fue denunciado por su hija, Lorena, a través de Twitter.

La misma red social utilizó el analista Roberto Izikson para dar cuenta de que su padre homónimo, fallecido en 1990, aún aparece en los registros electorales habilitado para votar.

El segundo intento

Durante la administración de Piñera se envió otro proyecto al Congreso para solucionar el asunto. Esta vez, tampoco tuvo respaldos y el 17 de julio de 2013 no alcanzó los votos en su segundo trámite constitucional, pasando a comisión mixta.

Dicho texto, apuntaba a excluir a los mayores de 80 años de edad que en los últimos 11 años no hubieren obtenido o renovado cédula de identidad o pasaporte. 

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