Varias de las crisis más duras que enfrentó el Ejecutivo en los últimos meses tuvieron relación con Justicia, el ministerio que Javiera Blanco asumió el 11 de mayo de 2015, tras el cambio de gabinete más amplio que realizó la Presidenta Michelle Bachelet. Desde el inicio del actual gobierno, Blanco encabezaba el Ministerio del Trabajo.
El funcionamiento del Sename -cuestionado por la muerte de 210 niños en centros a cargo de dicha repartición entre 2005 y 2016- terminó por provocar la salida de Marcela Labraña (DC), quien fue reemplazada por la ex fiscal Solange Huerta y llevó a un grupo de parlamentarios a presentar una acusación constitucional contra la ministra, pero el libelo no prosperó.
El complejo escenario se sumó a la polémica por las altas pensiones en Gendarmería, que pusieron una vez a Blanco -cercana a la DC- en la mira de la oposición.
Pero entonces, la ministra consiguió el respaldo democratacristiano y de la Nueva Mayoría. En los últimos días, Blanco enfrentó nuevamente la presión tras el conflicto por los errores en el padrón electoral. Ello por las responsabilidades del Registro Civil, repartición que depende de su ministerio.
Blanco, considerada como la favorita de la Presidenta, era la última sobreviviente del comando de campaña en el equipo ministerial.
Parte de este rol fue destacado por la Mandataria durante el discurso que efectuó en la ceremonia de cambio de gabinete: "Javiera ha desempeñado su cargo con abnegación, dedicación y lealtad, atributos que comprometen mis agradecimientos. Particularmente complejas han sido las circunstancias que la ministra Blanco en el ejercicio de su cargo, su desempeño siempre ha sido dedicado y leal. Javiera trabajó incansablemente desde la campaña".
Extenso paro en el Registro Civil
Una de las primeras grandes crisis que enfrentó Blanco fue el extenso paro de los funcionarios del Registro Civil.
Fueron 39 días marcados problemas para la renovación de cédulas de identidad, pasaportes y certificados de antecedentes. En lo político, la ministra se vio enfrentada a acusaciones de "amenazas" por parte de la dirigenta de los funcionarios, Nelly Díaz, quien incluso se reunió con dirigentes de la OIT.
Blanco logró destrabar el conflicto luego de un acuerdo que implicó la creación de una nueva asignación por productividad, de cerca de $518 mil pesos por funcionario, de acuerdo al cumplimiento de metas anuales y que comenzará a pagarse en forma parcial el último trimestre de 2016. Una bonificación que suma a la que ya reciben desde 2009 por el Indice de Satisfacción Neta (ISN), donde reciben en promedio $ 1.160.000 al año.
Pese a la extensión del paro y los problemas que generó en la ciudadanía para la obtención de documentos, la aprobación de Blanco sólo cayó cuatro puntos en la encuesta Adimark.
Crisis por muertes en el Sename
La muerte de la menor Lissette Villa en el centro Galvarino de Estación Central reactivó el debate sobre las condiciones de menores de edad a cargo del Sename.
Fue en el marco de la comisión investigadora sobre la situación de menores a cargo del servicio que el diputado independiente (ex DC) René Saffirio dio a conocer una cifra reveladora: 185 menores dependientes de instituciones del Sename habían fallecido entre 2005 y mayo del 2016. De ellos, 134 fallecieron en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores y 2 en lugares de administración directa del Sename.
Las cifras de muertes en el Sename abrieron un nuevo flanco de críticas, en especial luego que se conociera un informe de Unicef que sólo en 2010 cifraba en 75 las muertes, a diferencia del informe entregado por el gobierno que sólo mencionaba 15 casos.
Números que nuevamente entraron en cuestión luego que el mismo diputado Saffirio asegurara que en el periodo 2005 a 2016 habían ocurrido otras 292 muertes, que sumadas a las cifras entregadas por Justicia daban un total de 477. El mayor número se explicaba porque el primer informe no incluía a los fallecidos adolescentes por responsabilidad penal juvenil.
En medio de la polémica, parlamentarios de la oposición ingresaron una solicitud de interpelación a la ministra Blanco, para interrogarla respecto de las muertes de menores en centros dependientes del Sename, así como de la crisis en Gendarmería (ver punto siguiente). Uno de los puntos que buscaban incluir en el interrogatorio era la designación de la ex fiscal Solange Huerta como nueva directora del Sename, lo que generó acusaciones de "conflicto de interés" de la abogada, debido a su rol como investigadora del caso Tsumani.
Altas pensiones en Gendarmería
El caso de la jubilación de Myriam Olate, ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade, y quien se desempeñaba en Gendarmería, puso el asunto en el centro de la polémica.
La pensión de la ex funcionario, superior a los $ 5.000.000 fue duramente cuestionada y obligó a la salida del director de la institución Tulio Arce. Al caso de Olate se sumaron otros ex personeros de Gendarmería que también recibían altas pensiones, las que Contraloría intentó frenar.
Tras su remoción del cargo de director de Gendarmería, en una entrevista con CNN Chile Arce acusó al subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, junto a asesores de la ministra Blanco de exigir contrataciones y ascensos al interior de la repartición.
Arce puso como ejemplo el caso del militante DC y ex dirigente sindical Pedro Hernández. Pese a que no le pareció "apropiado", reconoció que "cumplí sus instrucciones porque nosotros estamos subordinados al Ministerio de Justicia. Creo que fue incorrecto éticamente.
El dirigente sindical calificó los dichos de Arce como una "vendetta" por su salida de la institución y aportó un nuevo antecedente. Según dijo, su ascenso fue una "retribución" del ex jefe de Gendarmería por el apoyo que dio a su nombramiento.
Si bien desde el Ministerio de Justicia desmintieron "categóricamente" las afirmaciones del ex jefe de Gendarmería, las que calificaron de infundadas, el caso abrió un nuevo flanco de críticas para Blanco. La oposición anunció que evaluará una posible acusación constitucional y el abogado querellante Roberto Ávila pidió citar a declarar a la titular de justicia en el marco de una ampliación de su querella por presunto fraude al fisco.
Irregularidades en la Corporación de Asistencia Judicial
Otro foco de polémica para Blanco se abrió luego que se conociera un informe de la Contraloría que acreditó anomalías en contrataciones y remuneraciones de personal de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), las que provocaron pérdidas de más de $2 mil millones entre 2014 y 2015, en momentos que la repartición era dirigida por el radical Osvaldo Soto, quien dejó ese cargo a mediados del año pasado para asumir como subsecretario de la Segegob.
Una vez conocido el informe, Soto salió al paso de los cuestionamientos de la Contraloría apuntando a Blanco: "hay graves debilidades de los equipos técnicos de la ministra de Justicia; ella debería hacer un análisis de eso, particularmente de la división judicial, porque son funcionarios del Ministerio de Justicia los que estaban informados del déficit".
Las declaraciones de Soto generaron una fuerte molestia en Blanco, quien transmitió su reclamo a La Moneda. Esa misma tarde el gobierno comunicó la salida del militante radical de su cargo de subsecretario.
