El gobierno de Chile rechazó este jueves categóricamente las conclusiones preliminares del informe publicado por la Organización No Gubernamental Amnistía Internacional (AI) que denuncia "represión violenta" por parte de los agentes del Estado y atribuye además responsabilidad "al más alto nivel".
"El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes", dijo la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren.
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"El informe que se ha dado a conocer este jueves, lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de la instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los Derechos Humanos", agregó la funcionaria de gobierno.
El informe de la ONG, tomó para el informe 23 casos que consideró emblemáticos, entre los que se consideraron denuncias de tortura y tortura sexual cometidas por carabineros, además de la muerte de un hombre en La Serena, quien “participaba en una pequeña marcha”, de acuerdo a la investigación.
"Son ejemplo de lo más grave y de un patrón generalizado que se ha registrado en Chile", dijo la investigadora de AI Pilar San Martín. "Ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser golpeada. Se ha utilizado armamento militar para controlar la protesta”, agregó.
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La subsecretaria de Derechos Humanos aseguró que todos los casos mencionados "están siendo o serán investigados por la fiscalía y serán juzgados debidamente por los tribunales de justicia".
"La única política que ha tenido el gobierno es con el resguardo y protección de los Derechos Humanos, que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de gobierno", agregó.