El Gobierno de Chile se refirió este miércoles, por primera vez a los hechos de violencia que han ocurrido en Colombia desde hace una semana, luego que emanaran protestas en distintas ciudades por el proyecto de reforma tributaria que estaba impulsado el gobierno de ese país y que proponía subir el IVA en productos esenciales.
El vocero de gobierno Jaime Bellolio respondió a las preguntas de la prensa que hacían referencias a las violaciones a los Derechos Humanos que han denunciado organismos del país cafetero y también que han sido motivo de preocupación para la Unión Europea y para Naciones Unidas (ONU).
"Como gobierno creemos en el valor universal de los Derechos Humanos y su protección (…) frente a cualquier falta o violación debe ser la justicia la que actúe, y esas acciones deben ser perseguidas sin matices, respetando siempre la institucionalidad y el Estado de Derecho que existe, que es lo que diferencia a las democracias de las dictaduras”, dijo Bellolio.
¿Qué está pasando en Colombia?: las claves para entender las protestas que suman 19 muertos
“Debe haber respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos, y eso no solo se restringe a nuestro país, rige para todos los países, sin doble estándar”, agregó.
El Presidente, Sebastián Piñera, ha sido cercano en su gestión al Presidente de Colombia, Iván Duque, con quien incluso participó en actividades en Cúcuta para condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y apoyar a la oposición de dicho país.
Este miércoles se cumplió una semana de las primeras manifestaciones y miles de personas volvieron a las calles de toda Colombia para protestar contra el gobierno de Duque.
Hasta ahora se han registrado 24 muertes, la mayoría por disparos, y tiene al país bajo la lupa de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.
Sus reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.