Gendarmería: sumario abierto por Bermúdez revisará entrega de pensiones en período de Mendoza
Gendarmería: sumario abierto por Bermúdez revisará entrega de pensiones en período de Mendoza
Por Phillip Durán
La fuerte polémica instalada en torno a las millonarias pensiones de ex funcionarios de Gendarmería -incluida la de más de $5 millones de Myriam Olate, ex subdirectora técnica y esposa del diputado PS Osvaldo Andrade- tuvo efectos no sólo en dicha institución y en el Congreso.
Esto pues la Contraloría General de la República abrió un sumario interno para indagar por qué, en años anteriores, la institución aprobó dichas pensiones.
El 9 de junio pasado, el contralor Jorge Bermúdez emitió un dictamen en que establece que, de acuerdo a la legislación vigente, las pensiones de Gendarmería debían tener un tope de 60 UF (poco más de 1 millón 700 mil pesos). Su decisión ratificó el rechazo formal de 16 pensiones de ex funcionarios de dicha institución, que sobrepasaban ese monto y se tramitaban en ese momento.
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La determinación abrió una fuerte polémica pública: agrupaciones de funcionarios de Gendarmería han criticado el dictamen del contralor y, a fines de junio, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo pidiendo a la Presidenta Bachelet enviar una modificación legal que permitiera eliminar dicho tope.
Entre los argumentos de Gendarmería está que, desde hace varios años atrás, la misma Contraloría había tomado razón -validado- la entrega de pensiones con montos superiores a las 60 UF. Una de ellas, la de Myriam Olate, quien jubiló en octubre de 2015.
En este contexto, tras su dictamen, el contralor Bermúdez dispuso además, el mismo de junio, el inicio de un sumario que permita indagar por qué funcionarios de Contraloría no aplicaron de manera correcta la ley 19.200, que -de acuerdo al dictamen del contralor- establece el tope de 60 UF para estas pensiones.
Esto pues existen dictámenes de 1995 y 1998 en que se abordaba el criterio en torno al tope, los que no fueron tomados en cuenta en los años siguientes.
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Según fuentes que conocen el tema, la primera pensión por sobre el tope se entregó en 1999. En los años siguientes, el número fue en paulatino aumento, experimentando un alza notoria en 2014. En junio de este año, aunque el dictamen del contralor ratificó el rechazo de 16 peticiones formales de "tomas de razón", cerca de 90 quedaron pendientes en manos de Dipreca.
Las mismas fuentes señalan que el sumario pondría el foco en las “tomas de razón” realizadas en Contraloría durante los últimos cuatro años. La razón: es el plazo en que se extinguen las responsabilidades administrativas.
En ese contexto, aunque se revisarían las eventuales irregularidades que se hubieran registrado desde que asumió Bermúdez en diciembre de 2015, también serán parte del sumario las tomas de razón que correspondan al período de Ramiro Mendoza, quien estuvo al mando de la Contraloría entre abril de 2007 y abril de 2015.
Los ochos meses entre la salida de Mendoza y la llegada de Bermúdez, el organismo estuvo a cargo de Patricia Arriagada, subcontralora desde 2011 y quien asumió como jefa de fiscalización subrogante entre abril y diciembre del año pasado. El sumario también abarcará ese período.
De todas maneras, quienes conocen el tema señalan que las tomas de razón en el caso de pensiones estaban a cargo de funcionarios de Contraloría que tenían delegación para ello y que no eran visadas de forma directa por el contralor.
¿Qué efecto podría tener el sumario realizado por estos días?
El propio contralor Bermúdez dijo a fines de junio que el dictamen no tiene efecto reatroactivo, es decir, no se aplica a los casos que ya están consolidados ni a las pensiones ya otorgadas, sino que se aplica a futuro.
La Contraloría no podría echar pie atrás en tomas de razón ya realizadas, sino que solamente establecer las eventuales responsabilidades administrativas y fijar sanciones, si fuera el caso.
Sin embargo, en caso de encontrarse irregularidades en el procedimiento de tomas de razón, esto podría gatillar nuevos cuestionamientos y un debate -externo a la decisión de Contraloría- en torno a si es posible anular o no los montos de las pensiones ya concedidas. “Podría actuar incluso el Consejo de Defensa del Estado”, comentan quienes conocen de cerca el caso.
Pensiones “ilegales”
¿Cuáles fueron los argumentos de Bermúdez para su dictamen del 9 de junio pasado, que fijó el tope de 60 UF?
El propio Bermúdez los expuso ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, el pasado 22 de junio.
En dicha sesión, Bermúdez señaló que la ley N° 19.196 es la ley principal a tener presente en el estudio del tema en cuestión, que sin perjuicio de que Gendarmería se encuentra adscrita a la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca), donde no se aplican topes para las pensiones, al mismo tiempo se rige por la Escala Única de Sueldos de la administración civil, que sí incluye el tope de 60 UF.
En la sesión, señaló que dichos criterios ya habían sido explicitados por la Contraloría en dictámenes de 1995 y 1998.
"Lo que ocurrió es que ahora esto fue más evidente porque las remuneraciones de Gendarmería han ido aumentando sucesivamente, a propósito de las asignaciones que existen para la administración civil", indicó en esa oportunidad Bermúdez.
En ese sentido, Bermúdez calificó como “ilegales” pensiones de más de cinco millones de pesos y defendió su decisión, indicando que la institución que dirige se limitó a cumplir su mandato de "resguardar el patrimonio público".
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Además, indicó que el dictamen tendría efecto principalmente en las pensiones de oficiales de Gendarmería: en el caso de los suboficiales, agregó, sólo en muy contadas ocasiones el monto de las pensiones superaba el tope de 60 UF.
En su presentación ante la comisión parlamentaria, Bermúdez exhibió un power point en que comparó los sueldos de cargos equivalentes en Carabineros y Gendarmería, ambos adscritos a Dipreca.
Así, afirmó que -por ejemplo- la pensión del director nacional de Gendarmería es de más de $5 millones 600, mientras que la del general director de Carabineros alcanza poco más de $3 millones 500.
Además, señaló que -de acuerdo a datos de la ley de Presupuestos 2016-, en el caso de las pensiones en Dipreca, “el fisco solventa el 76% del total”, lo que equivale a más de $538 millones.
Haz click aquí para revisar la presentación del contralor ante los diputados.
