Por Esteban González
“El Fisco actuó de manera antijurídica, abusiva, arbitraria y dolosa”. Así definió el Juez Árbitro Patricio González Marín la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera determinó en 2012 iniciar el cierre de la Empresa Periodística La Nación S.A. y que tuvo como consecuencia el traspaso en 2013 del Diario Oficial al Ministerio del Interior.
La sentencia del 11 de abril de 2016, que fue confirmada el pasado martes tras el rechazo a un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó al Fisco a pagar $9.541.790.338 a Colliguay S.A. y $21.232.174 a Enrique Alcalde Undurraga.
Colliguay, entidad que posee un 29,52% de la propiedad de la La Nación, pertenece a Enrique Alcalde, Raimundo Valenzuela (DC) y Luis Thayer (PS). Ellos ingresaron a la empresa periodística en 1991 como socios privados tras comprar las acciones que estaban en poder de Radio Nacional y de Juan Jorge Lazo.
En septiembre de 2013, los dueños de Colliguay demandaron al Fisco, que controla un 69,26% de la empresa, acusándolo de disolver la sociedad de manera “ilegal” al no contar con su aprobación como “accionistas preferentes”.
En efecto, si bien el Estado es el socio mayoritario de La Nación, sólo posee un 12% de las acciones preferentes. Los demandantes, por su parte, tienen un 84% de las acciones preferentes, lo que les da poder de veto en decisiones como la disolución de la compañía.
En su demanda, los privados acusaron que al decidir disolver la empresa y traspasar el Diario Oficial desde La Nación S.A. al Ministerio del Interior, se quitó a la sociedad su principal activo y se desvalorizó su parte de la propiedad.
En 2013, la comisión liquidadora que se hizo cargo de administrar la empresa periodística para su cierre valorizó a la firma en $13 mil millones, los que se repartirían entre los socios de acuerdo a su participación. Pero según Colliguay, el real valor de La Nación S.A. era $52 mil millones, por lo que pidieron que se les pagara la diferencia.
Finalmente, en abril pasado, el juez árbitro determinó que el valor real de la entidad a 2012 era de $32 mil millones, por lo que a Colliguay le correspondería recibir $9.500 millones. De ese dinero, los demandantes ya han percibido $3.880 millones producto de la liquidación de activos, por lo que el Fisco deberá traspasar $5.600 millones extra como indemnización.
Para revertir el fallo desfavorable, el Estado tendrá que elevar a la Corte Suprema el recurso de queja rechazado el martes pasado en la Corte de Apelaciones. Fuentes al interior del CDE confirmaron a T13 que el próximo martes la entidad presentará un escrito para jugar su última carta. De lo contrario, la indemnización se deberá pagar.
Revisa a continuación el fallo de la Corte de Apelaciones.
