Por Flavia Cordella
“Protocolo rediseño reforma a la educación superior”. Así se titula un documento de once páginas entregado hoy por el gobierno a los rectores de las universidades agrupadas en el Cruch, que se reunieron en Concepción.
A la cita asistió la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras.
En el texto, fechado el 26 de octubre y al que accedió T13.cl, se explica que el protocolo “tiene por objeto construir un acuerdo” con el Cruch “con el propósito de impulsar la tramitación de la Reforma a la Educación Superior” en la Cámara de Diputados. “De esta forma, se busca generar acuerdos transversales con los parlamentarios, especialmente con los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, y con los partidos políticos que se sumen a la aprobación de esta iniciativa, que es indispensable para el futuro de la educación superior en nuestro país”.
Así, el Mineduc –a cargo de la ministra Adriana Delpiano- sostiene en el documento que producto del debate de las últimas semanas con el Cruch y en el Congreso, se han identificado “nudos críticos que son indispensables de abordar”. “Los ejes centrales y orientadores para del rediseño del proyecto de ley que proponemos al país, se han construido a partir de dichos aportes”.
En este contexto, el documento identifica algunos “elementos específicos para, dentro del marco presupuestario que el proyecto establece, rediseño de la reforma a la educación superior”.
Algunos de ellos son:
Aumentar requisitos para acceder a gratuidad:
Entre las nuevas condiciones, estarán:
- Contar con una carrera académica (ingreso, promoción y retiro de los académicos).
- Contar con Auditor Interno.
- Aplicar reglas sobre transparencia activa.
Además, el texto señala que “para la gratuidad 2017, se aplicarán requisitos académicos a las
universidades, como por ejemplo, poseer un 80% de la matrícula de estudiantes con puntaje PSU superior a 450 puntos”.
Para la gratuidad 2016, las condiciones apuntaban a tener 4 años de acreditación y no tener lucro.
Eliminar el Crédito con Aval del Estado:
“Proponemos el envío de un proyecto de ley eliminando el actual Crédito con Aval del Estado, sustituyéndolo por un nuevo instrumento de financiamiento, que incluya al actual Fondo Solidario de Crédito Universitario”, dice el documento.
El texto agrega que “se enviará un proyecto de ley en 2017 para eliminar el CAE, sustituyéndolo por
un nuevo instrumento que:
- Excluya a los bancos de la operación.
- Sea manejado por una agencia estatal con potestades de cobro a través del sistema de impuestos.
- Cuente con un esquema de cobro que considere el ingreso de las personas”.
Con esto, el Ejecutivo accede a una de las demandas emblemáticas de parte de la Nueva Mayoría -especialmente del ala izquierda- y las federaciones estudiantiles.
En las semanas previas, algunas propuestas de parlamentarios oficialistas apuntaban a establecer un cobro contingente al ingreso máximo de 10% del sueldo de los egresados.
Lucro como delito
El texto señala que “se incorporará el tipo penal de lucro, dándole características de acción
penal pública”. Y que “se establecerán mecanismos de protección frente a denuncias con el objeto de evitar con ello represalias”.
En el actual proyecto de ley, aunque el lucro no se establecía como delito penal, sí se prohibía. Quienes vulneraran esta disposición sí estaban expuestos, en todo caso, a sanciones de cárcel de hasta 5 años o la pérdida del reconocimiento oficial de la institución.
Así, el proyecto establecía que quienes desvíen recursos de una institución para fines distintos de los educacionales, estarán obligados a devolver dichos recursos y pagar una multa del 50% de dicho monto. En caso de no devolverlos, se configura el delito de apropiación indebida, con penas de hasta cinco años de cárcel.
Aportes basales al Consejo de Rectores
“Mantener los actuales aportes basales para las Universidades del Consejo de Rectores”, es otra de las propuestas.
En la iniciativa actualmente en el Congreso, los aportes basales se sustituían por un fondo de investigación concursable.
Esto fue valorado por el rector de la U. de Concepción, Sergio Lavanchy, tras la reunión realizada hoy en Concepción.
