Dos importantes figuras de la Democracia Cristiana, el vicepresidente del partido, Matías Walker, y el ex presidente de la colectividad, Jorge Pizarro, acusaron "presiones políticas" -ejercidas supuestamente por el Ministerio del Interior y el senador Guido Girardi- para que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo decidiera rechazar este jueves el proyecto minero-portuario Dominga.
En este contexto, los secretarios regionales ministeriales de Transportes, Óscar Pereira (DC), y de Energía, Marcelo Salazar (PS), habían revisado previamente "sin observaciones" el informe consolidado del proyecto. Sus posturas iniciales quedaron consignadas mediante oficios públicos.
Pese a lo anterior, Pereira y Salazar votaron en contra de la iniciativa en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo este jueves. "La posición del seremi se concentra en la votación", advirtió Salazar, seremi de Energía y militante socialista, al ser consultado por T13.cl.
El funcionario argumentó que el proyecto "fue revisado sectorialmente, desde el punto de vista de la energía, sin observaciones", pero que al momento de la votación hizo una evaluación "global" de la iniciativa.
Salazar aseguró que "votó en conciencia" y descartó "presiones". Según el seremi, la evaluación ambiental "no deja certezas si hay otros impactos del proyecto" y evitó entrar en detalles sobre su juicio ante la institucionalidad, pese a que apuntó a su "perfeccionamiento".
En tanto, este viernes los dos parlamentarios DC de la región donde se asentaría la polémica iniciativa, insistieron en que las presiones surgieron desde el Ministerio de Interior, dirigido por otro democratacristiano, Mario Fernández, así como de parte del senador PPD, Guido Girardi.
Todo, después de que un reportaje de Radio Bío Bío consignara que el ex Presidente Sebastián Piñera y sus hijos ingresaron a través de un fondo de inversión privado al proyecto minero, cuando estaba postulando a la Presidencia de la República. El fondo de inversión, además, se mantuvo en dicha sociedad hasta tres meses después de haber asumido en La Moneda y luego de haber descartado la instalación de la termoeléctrica Barrancones en el mismo lugar, donde pretendía instalarse la minera.
Frente a las acusaciones de presiones por parte de Walker y Pizarro, el seremi Salazar se limitó a reiterar su "voto a conciencia" y negó que el Gobierno lo haya contactado.
