Este lunes, en el marco del aniversario número 44 del 11 de septiembre de 1973, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que pondrá discusión inmediata al proyecto de ley que busca otorgar carácter público a los antecedentes recabados por el informe Valech 1.
El objetivo es entregar esa información a los tribunales de justicia para esclarecer los casos pendientes en materia de Derechos Humanos.
Sin embargo, el proyecto, que fue aprobado en general en la Cámara de Diputados en julio de 2016 y se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, ha tenido varias críticas en el Congreso tanto desde la oposición como en el oficialismo.
Esto, debido a quienes han insistido en que no corresponde que se elimine el secreto de 50 años comprometido en el informe, tomando en cuenta que las víctimas decidieron colaborar sólo por esa excepción de reguardo de su identidad.
Además del fuerte rechazo de Chile Vamos, parlamentarios la Nueva Mayoría, como los diputados Guillermo Ceroni (PPD) y Pepe Auth o los socialistas Marcelo Schilling y Juan Luis Castro, expresaron su rechazo a la iniciativa.
Con todo, para lograr respaldos, los diputados incluyeron una excepción a la norma para proteger la identidad de las víctimas: abrir la información y el testimonio de manera parcial, es decir, solo en juicios puntuales y a las partes directamente involucradas.
En esa línea, y una vez que el proyecto pasó a la Cámara Alta, el senador Pedro Araya, miembro de la comisión de Derechos Humanos, envió en julio un oficio a la Corte Suprema para consultar la posibilidad de poder realizar esta excepción.
La respuesta del maxímo tribunal llegó el 22 de agosto, por medio del presidente de la instancia, Hugo Dolmestch, que rechazó esa posibilidad a través de un oficio enviado a la presidenta de la comisión, Jacqueline van Rysselberghe.
Según el documento de la Corte Suprema, “las actuaciones de los tribunales son públicas, de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley, carácter que comparten los juicios y sus resoluciones".
El texto añade que existe una excepción destinada a proteger la identidad de las víctimas, pero sólo cuando se trata de juicios de delitos sexuales. Es decir, advierte que no incluye a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de ningún otro crimen.
El documento concluye que “existe un interés y derecho de la comunidad de conocer la verdad de lo sucedido, como parte de la justicia transnacional, con todos sus pormenores”.
"No se puede legislar a medias"
Al respecto, Van Rysselberghe afirmó que “el documento plantea que debieran adecuarse otras normativas para poder confirmar el proyecto de la Cámara de Diputados. Entonces, queda claro que no se puede legislar a medias, esto sería avanzar sin una adecuada legislación”, reclamó la senadora.
Sin embargo, Araya advirtió que el proyecto sí tiene una solución, agregando una nueva indicación a la normativa:
“La indicación debe establecer que en aquellas causas de Derechos Humanos en los cuales se levante la ley Valech, será obligación del poder judicial mantener en reserva la identidad de la personas, salvo que esta autorice que pueda aparecer su nombre”, propuso el legislador.
Se espera que el proyecto sea votado en la sala del Senado, este miércoles.
