Un oficio enviado por el diputado Giorgio Jackson (RD) el pasado 18 de enero de 2016 al Ministerio de Educación tuvo respuesta tras dos solicitudes.
En su petición, el parlamentario apuntaba a determinar la cantidad de juicios laborales que la Universidad Arcis mantenía pendientes, sus fases de tramitación y el estado de los pagos hacia los funcionarios de la casa de estudio que habían iniciado acciones judiciales.
Este martes la institución fue declarada en quiebra por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago por una deuda de $85 millones y reabrió el debate sobre el futuro de sus alumnos.
Así, a más de un año de la petición de Jackson, el Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación, entregó los antecedentes que dan cuenta de una deuda cercana a los $1.500 millones por juicios laborales y otros $200 millones por causas civiles.
En total, se trata de 105 causas laborales dirigidas contra Arcis entre 2014 y 2016, las cuales, según aseguró Jackson, ya han sido casi en su totalidad resueltas. Sin embargo, los montos aún no son cancelados a los funcionarios demandantes.
Todo esto, en medio de la fuerte crisis que afecta a la casa de estudios, la cual luego de se que decretara su quiebra deberá liquidar sus bienes para entrar en proceso de cierre.
Este jueves la ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunció que se buscará apelar a la medida, acción que concretó el administrador provisional del establecimiento, Patricio Velasco.
"Vamos a apelar a la quiebra, a fin de poder ver la viabilidad de continuar el giro en términos de recursos económicos", dijo Delpiano.
Además, la secretaria de Estado informó que mandató al jefe de la División de Educación superior del ministerio para concretar un encuentro junto al administrador provisional y el liquidador, Cristián Herrera, quien durante esta jornada decretó el despido masivo de académicos y funcionarios de la institución. Todo, a fin de buscar una alternativa para impedir el cierre del proyecto educativo.
"Nosotros estamos tratando de revertir precisamente este decreto de liquidación y tenemos que ver que la justicia se pronuncie al respecto", dijo Velasco, junto con señalar que "estamos presentando distintos recursos y uno de ellos busca paralizar las acciones de hasta ahora".
Respecto de la deuda a raíz de los juicios laborales, en tanto, Jackson indicó: “Tuvimos que reiterar el oficio porque no se nos enviaba una respuesta. Recién llega estos días, después de poco más de un año, contándonos que existen $1.500 millones en deudas por demandas laborales y otros $200 millones por demandas civiles de las cuales se dice, sobre todo las laborares, resueltas en términos de llegar a acuerdo con los trabajadores, pero no así pagados”.
El parlamentario planteó que existe una deuda "importante con los trabajadores. Nosotros creemos que el administrador, sea el provisional o si llega a instalarse uno de cierre, tiene que tener como prioridad resolver estas demandas laborales”.
Jackson enfatizó que “mientras no haya un cambio y una trasformación al sistema educativo, seguirán existiendo casos como este donde universidades que tiene problemas financieros terminan dejando a los estudiantes en esta incertidumbre y a los trabajadores también. No es la educación que nosotros queremos”.
En el caso que el intento por frenar el cierre de la universidad no logre resultados positivos ante los tribunales, el Mineduc deberá iniciar el proceso de cierre que podría durar varios años. Esto, ya que antes de terminar completamente con la casa de estudios, se deberá reubicar a los estudiantes. Uno de los hechos que forzó la quiebra de Arcis, según indicó el administrador, fue el no haber alcanzado la meta de 570 matrículas para este año.
